La Cámara de Diputados de Brasil inició hoy la sesión en la que definirá si el presidente del país, Michel Temer, debe responder ante la Justicia por acusaciones de corrupción o si, por el contrario, los cargos son rechazados y el asunto queda archivado.

Temer, acusado ahora de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, es el primer presidente brasileño denunciado formalmente por delitos de carácter penal en pleno ejercicio de su mandato y pasa por este trance por segunda vez en los últimos meses.

En agosto pasado, el mismo pleno que hoy decidirá si autoriza a la Corte Suprema a llevarle a juicio, lo que supondría su suspensión del cargo durante seis meses, ya libró al mandatario de cargos de corrupción pasiva, también formulados por la Fiscalía General.

La previsión del Congreso es que la sesión se prolongue durante unas 12 o 15 horas, pues tendrán derecho a la palabra decenas de diputados, tanto a favor de que Temer responda en tribunales o de que la acusación sea rechazada.

La sesión comenzó con el quórum mínimo de 52 diputados, pero para proceder a la votación será necesaria la presencia de por lo menos 342 de los 513 miembros del pleno, que constituyen las dos terceras partes.

Esa mayoría de 342 es justamente la que deben sumar los votos necesarios para autorizar a la Corte Suprema a aceptar los cargos contra Temer, que salpican también a dos ministros y se apoyan, como en el caso de la primera denuncia, en testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS.

En caso de que un mínimo de 172 diputados rechacen los cargos, la denuncia será archivada al menos hasta que Temer deje el poder, el 1 de enero de 2019, cuando el caso podrá ser retomado por la Justicia.

Si la denuncia fuera aceptada, Temer sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y, de ser hallado culpable, perdería definitivamente el cargo.

El Gobierno calcula que cuenta con el apoyo de entre 250 y 270 diputados, tal como ocurrió con la primera denuncia, negada por 263 votos frente a los 227 que reunió la oposición.

Los partidarios de enjuiciar al gobernante, en franca minoría, han aceptado por adelantado su previsible derrota, pero anunciaron su intención de obstaculizar el desarrollo de la sesión, a fin de propiciar una improbable suspensión de la votación.

El poder de la base oficialista a la que apuesta el Gobierno se mantiene pese a que las encuestas de opinión consideran a Temer como el presidente más impopular que ha tenido el país en décadas y le atribuyen el apoyo de entre el 3,5 % y el 5 % de los brasileños.

Aún con esos índices negativos, no ha habido en los últimos meses grandes manifestaciones populares contra Temer, lo que las mismas encuestas atribuyen a la desilusión de la sociedad por recurrentes escándalos de corrupción que salpican a todo el arco partidario.

A esa falta de apoyo popular, Temer ha opuesto su gestión de la política y ha dedicado parte de su agenda de las últimas semanas a reuniones con cientos de diputados, a los que ha intentado convencer de su inocencia.

Asimismo, ha complacido a su base parlamentaria con la aprobación de polémicas normativas, como una que suaviza las leyes del combate al trabajo esclavo y fue suspendida cautelarmente por el Supremo, o la liberación de millonarios recursos para proyectos impulsados por diputados en sus propias regiones.

Aún adoptadas dentro del marco legal, la oposición ha denunciado esas iniciativas, que favorecen a sectores ultraconservadores de la coalición gobernante, como una "compra de votos" para garantizar que la denuncia contra Temer sea rechazada por el Congreso.