El Congreso de Venezuela, dominado por el gobernante Partido Socialista, pidió el martes abrir una investigación penal sobre el papel de la diputada opositora María Corina Machado en las protestas antigubernamentales que dejaron decenas de muertos.
Machado, una opositora de línea dura que exige la renuncia del presidente Nicolás Maduro, fue acusada por los legisladores oficialistas de media decena de cargos que van desde "traición a la patria" hasta "homicidio" e "incitación a la guerra civil".
"Esa diputada es cómplice de asesinatos en este país", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. "Fascista. Terrorista".
La ingeniera industrial de 46 años escuchó en silencio, mientras decenas diputados oficialistas gritaban "¡Justicia! ¡Justicia!".
Cabello pidió una votación a mano alzada y levantó la sesión para dirigirse a la Fiscalía General de la República a solicitar la apertura de la investigación.
La arremetida contra Machado es el último capítulo del duro enfrentamiento entre partidarios y opositores del gobierno en la polarizada nación de 29 millones de habitantes.
Y ocurre al cumplirse un mes del arresto de Leopoldo López, junto con Machado, otro de los líderes de las protestas.
Diosdado Cabello, afirmó hoy que espera que la Fiscalía General abra la investigación "pertinentemente rápida" a la diputada opositora, precisando que espera que la investigación sea "formal, limpia y transparente", luego de indicar que se consignaron documentos y una serie de vídeos como pruebas que relacionarían a Machado con las muertes ocurridas en las protestas desatadas por la violencia desde el pasado 12 de febrero.
"Esa señora tiene que pagar por los crímenes, destrozos y todos los hechos y llamados a la desestabilización que ha hecho".
"Que se abra la investigación, la Fiscalía cumpliendo con todos los extremos legales apegado a la Constitución y a las leyes acuda de acuerdo con lo que hemos entregado, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que valide ahí la pertenencia o no del enjuiciamiento de la diputada María Corina Machado por estos delitos que han hecho un daño irreparable a la patria, 29 muertos y nosotros no queremos que haya más muertos", dijo Cabello en las afueras de la sede del Ministerio Publico, en Caracas.
La meta de la investigación solicitada por los diputados oficialistas es allanar la inmunidad a la diputada Machado.
"Esa señora será juzgada por asesina, por terrorista, por delitos de lesa humanidad, por conspiración y desestabilización de este país. Usted va a ser juzgada, no será presidenta de este país"
"RÉGIMEN ATERRADO"
En una conferencia de prensa horas más tarde, Machado sonó desafiante. Maduro, dijo, es un "dictador" que recibe órdenes del gobierno comunista de Cuba.
"Este ataque hacia mí es producto de un régimen aterrado frente a un movimiento ciudadano que no tiene precedentes", dijo, vestida con un jersey blanco y rodeada de simpatizantes que la aplaudían cada pocas palabras.
"Si creían que con esto nos iban a doblegar, ahora somos invencibles", añadió.
Para procesar a Machado será necesaria la aprobación de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia, dijo a Reuters un experto en derecho constitucional. Además, el Congreso deberá despojarla de su inmunidad parlamentaria.
Miles de venezolanos han salido a las calles desde inicios de febrero para protestar por el desabastecimiento de productos básicos, la inflación de un 57 por ciento anual y la violencia fuera de control desde que Maduro llegó al poder hace un año.
El presidente dice que la oposición siembra el caos para provocar un golpe de Estado como el que sufrió en el 2002 su mentor, el fallecido líder socialista Hugo Chávez.
A pesar de haber cobrado la vida de 29 personas y dejado cientos de heridos y 1.500 detenidos, las protestas no parecían amenazar al Gobierno de Maduro.
"No vamos a permitir impunidad", dijo la diputada Tania Díaz, del Partido Socialista, al pedir la investigación. "Esas muertes se van a vengar (...) Esas muertes se van a pagar".
En un aparente intento por reforzar sus argumentos, Díaz exhibió discursos donde Machado critica al gobierno y llamadas telefónicas interceptadas.
La decisión fue tomada durante una sesión para crear una Comisión de la Verdad, con la que el Gobierno busca investigar la violencia durante las protestas.
