Multas de hasta $ 1 millón 100 mil podrían sufrir los diputados y senadores que no actualicen adecuadamente la información que aparece en sus declaraciones patrimoniales y de intereses. La nueva regulación fue aprobada por unanimidad por los miembros de la comisión mixta que resuelve las discrepancias surgidas en torno al proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso y ahora deberá ser revisada por ambas ramas del Parlamento.

Hasta ahora, existía un vacío respecto a esta materia, ya que no hay un control efectivo de la veracidad de lo declarado por cada legislador y porque éstos no cumplen con la normativa que los insta a actualizar las modificaciones relevantes que se produzcan en sus patrimonios o intereses en la información que aparece en las web institucionales de la Cámara y el Senado.

Debido a esto, la comisión mixta estableció un severo instructivo, que obliga a los parlamentarios a presentar ambas declaraciones al inicio de su gestión y antes del término de ésta. La no presentación oportuna de dichos antecedentes será objeto de una sanción que irá de $360 mil a $1 millón 100 mil (de 10 a 30 UTM).

En el caso de los parlamentarios que no actualicen debidamente cambios significativos que se produzcan en algunos de estos ítems, serán sancionados con una multa que irá desde los $180 mil a los $ 540 mil (de 5 a 15 UTM).

Las comisiones de Ética de cada rama del Congreso serán las encargadas de resolver las sanciones y multas que se produzcan en esta materia. Una vez cursado el castigo, el parlamentario contará con un plazo de diez días para presentar la declaración omitida o corregida. Si así lo hiciera, podrá rebajar el monto de la multa. En caso de reincidencia o rebeldía, la sanción se elevará al doble.

Los diputados y senadores que participaron de este debate coinciden en que la nueva regulación permitirá desterrar los conflictos de intereses que pueden protagonizar aquellos parlamentarios que han legislado en temas directa o indirectamente vinculados a empresas en las cuales tienen algún tipo de participación accionaria.

"A partir de ahora, ambas declaraciones van a tener que estar al día y eso va a permitir que la ciudadanía vea si hay conflictos de interés o no, porque además toda esa documentación será obligatoriamente", sostuvo el diputado DC jorge Burgos.

REFORMAS GLOBALES
La comisión mixta se encuentra en la fase final de su trabajo respecto a los cambios a la ley orgánica del Congreso. Esta contendrá las reformas propuestas por los presidentes de la Cámara y el Senado -Rodrigo Álvarez y Jovino Novoa, respectivamente- para crear un sistema externo que se haga cargo del uso y distribución de las asignaciones parlamentarias. Además, se dotará de mayores atribuciones a las comisiones de Ética de la Cámara y el Senado, para que sus resoluciones no sólo tengan un carácter simbólico.

Entre las tareas pendientes, la instancia legislativa aún debe resolver un nuevo mecanismo para concretar la fiscalización de las empresas públicas de parte del Congreso.