El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias -entidad que desde 2010 determina el monto y los criterios para el uso de los fondos públicos que financian la labor de los legisladores en el Congreso- notificó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que la actual normativa no permite a los parlamentarios la contratación de asesorías externas de carácter verbal.
La notificación se produce luego de que el propio CDE solicitara al consejo resolutivo pronunciarse sobre la legalidad de este tipo de asesorías externas antes de tomar una decisión respecto de si hacerse parte o no de la investigación penal que lleva adelante el departamento de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente por asesorías de sociedades vinculadas al ex diputado PPD y ex ministro de la Segpres Jorge Insunza.
Una de las aristas que indaga el Ministerio Público -además de los eventuales delitos de cohecho y negociación incompatible por las asesorías de Virtus Consultores a Antofagasta Minerals mientras era diputado- se relaciona con un posible fraude al Fisco a partir de las asesorías que Sistema Consultores Ltda. realizó al propio Insunza (luego de traspasar la sociedad a familiares) y a los entonces diputados Patricio Hales (PPD) y Marcelo Díaz (PS).
Según ha declarado el propio Insunza respecto de las asesorías contratadas por Hales, estas contemplaban informes y también asesorías verbales.
"Hales, el año 2011 o 2012, contrata los informes diarios y los informes semanales, además de muchas reuniones de análisis y diseño de acción conmigo; por ejemplo, lo ayudé a enfrentar la renuncia de la ministra Matte, todo a través de conversaciones, reuniones o llamadas telefónicas, de las que por supuesto no queda un registro escrito", afirmó Insunza.
Oficio del CDE
Según el oficio remitido en noviembre pasado por el CDE al consejo resolutivo, se solicita información "sobre la procedencia de las asesorías parlamentarias verbales pagadas por la Cámara de Diputados, con la finalidad de determinar si ese servicio intervendrá en la investigación penal seguida por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente".
Y en su respuesta al CDE, el consejo resolutivo señala: "La normativa de asignaciones parlamentarias no permite la realización de asesorías verbales, por cuanto toda asesoría debe encontrarse respaldada, sea a través de los informes que se encuentren asociados a las mismas, o bien mediante el respectivo reporte en un formulario en el que se detallen las actividades de asesoría efectuadas por el asesor, este último incorporado a partir de agosto de 2015".
Según conocedores de la investigación judicial, la definición del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias tendría un valor clave para investigaciones penales al desestimar argumentos que algunos parlamentarios y asesores externos han entregado para justificar contrataciones.
Respecto de las asesorías de Sistema Consultores, por servicios prestados entre 2010 y 2013 al entonces diputado Hales, la firma recibió en total $54.559.488.
Entre los servicios prestados por Sistema Consultores figura un informe sobre "Actualización del conflicto del río Silala" y otro por "La opción de la energía nuclear", además de asesorías políticas y comunicacionales estratégicas.
En el caso del ex diputado Díaz, Sistema Consultores sólo habría recibido un pago por $2.250.000 por un estudio de 29 páginas sobre la economía de China ante una "guerra cambiaria".
Al respecto, el 13 de diciembre Díaz declaró como imputado ante el fiscal Pablo Norambuena. El ex ministro señaló ante el persecutor que contrató "por una sola vez" a la firma y que lo hizo porque se trataba de "una empresa que estaba inscrita en el registro de asesorías externas de la Cámara de Diputados".
El ex vocero de gobierno también afirmó que el texto fue entregado a la corporación y pagado directamente por ella. Y agregó que, a su juicio, el insumo "cumplía con las expectativas" para las que fue requerido.
