El jueves en la tarde, el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Sergio Páez, remitió un oficio a los titulares de la Cámara, Aldo Cornejo (DC), y del Senado, Isabel Allende (PS).
El documento había sido definido por los integrantes del organismo el día anterior, cuando abordaron los cuestionamientos que han surgido por el uso que algunos parlamentarios han hecho de las asignaciones que reciben mensualmente para financiar asesorías y labores de apoyo (fondos públicos que se entregan independiente de la dieta y que, en caso de no usarse, deben devolverse al Congreso).
En un texto de dos carillas -al que tuvo acceso La Tercera- la entidad realiza un velado reproche a los parlamentarios y advierte que el uso de esos dineros debe ceñirse estrictamente a las reglas fijadas por el organismo.
Pese a que se no alude a ninguno de los cuestionamientos puntuales que han surgido (como el uso de las asignaciones en funciones no definidas en la norma y en períodos en que no eran necesarias), se advierte que "el cumplimiento de la regulación que ha sido dictada sobre el monto de las asignaciones, pero sobre todo los 'criterios de uso' que se han definido, deben ser entendidas por todos los interesados como reglas precisas, no sujetas a libre interpretación, y que deben, además, ser estrictamente cumplidas y ejecutadas".
Incluso, el Consejo de Asignaciones recalca que ha estado en todo momento disponible para explicar cualquier detalle a los parlamentarios: "Siempre que ha sido necesario, este consejo ha procedido a aclarar o precisar las dudas que han surgido al momento de aplicar la normativa en cuestión".
Por otra parte, mediante el oficio se plantea a los presidentes de la Cámara y el Senado que el cumplimiento de las normativas sobre el uso de las asignaciones parlamentarias también es de responsabilidad de los legisladores que las utilizan.
"Ambas cámaras deben ejercer un control interno sobre el adecuado uso de las asignaciones, resultando también esencial para el correcto funcionamiento del sistema el control que los propios parlamentarios deben efectuar sobre el uso y la gestión de esos fondos públicos, de conformidad a las reglas definidas por este consejo", se señala.
Ya en mayo, el organismo que encabeza Páez emitió una resolución en la que pidió restringir el uso de los fondos destinados a asesorías, exclusivamente a labores "útiles" para los parlamentarios.
Si bien el uso de las asignaciones es definido por el consejo, la entidad que ejerce el rol fiscalizador es el Comité de Auditoría. Pese a ello, miembros de este último organismo señalaron hace algunos días que no contaban con las atribuciones suficientes para cumplir cabalmente ese rol.
El viernes pasado, Cornejo exteriorizó la precaria situación en la que se encuentra el Comité de Auditoría. "Son tres personas, y somos 120 diputados", dijo el presidente de la Cámara.
En ese contexto, en otro apartado del oficio remitido el jueves por el Consejo de Asignaciones se manifiesta que para que el control sobre el uso de las asignaciones sea "efectivo", es "fundamental" que "los parlamentarios se ciñan a los criterios definidos por el consejo y se insiste en que el Senado y la Cámara realicen controles previos en el uso de esos fondos". Y agrega: "No basta con las funciones que desarrolla el Comité de Auditoría".
