El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó hoy, en una declaración votada por unanimidad de todos sus miembros, las violaciones y vejaciones cometidas en Honduras desde el golpe de estado del pasado junio, y solicita la restauración de la democracia.
"El Consejo de Derechos Humanos condena rotundamente las violaciones a los derechos humanos como consecuencia del golpe de estado del 28 de junio del 2009, y en particular desde la vuelta al país del Presidente (depuesto) José Manuel Zelaya Rosales el 21 de septiembre", señala la declaración.
El texto "llama al fin de todas las violaciones de los derechos humanos en Honduras y al respeto incondicional de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales".
Asimismo, solicita la "restauración de la democracia y el estado de derecho".
La declaración fue presentada por el grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC) y contó con el patrocinio de España, Francia, Suecia, Portugal, Lituania, Australia, Letonia, Dinamarca, Reino Unido, Suiza y Canadá.
El texto aprobado hoy por consenso en la sede del Organismo de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) recuerda que las violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras han sido comprobadas por varios relatores especiales del Consejo y por organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De hecho, la declaración apoya "los esfuerzos regionales y subregionales que se están llevando a cabo para restaurar la democracia y el estado de derecho".
Asimismo, el Consejo solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, que presente un informe sobre las violaciones cometidas en Honduras desde el golpe de estado, para presentarlo tanto ante el propio Consejo como ante la Asamblea General de la ONU.
Previo a la votación de la resolución, el embajador de Colombia ante el Consejo, Angelino Garzón, en nombre del GRULAC, reafirmó la necesidad de condenar las violaciones cometidas en Honduras, rechazó cualquier tipo de violencia y "exigió el restablecimiento del orden democrático y constitucional".
Asimismo, expresó su solidaridad con la conducta de la embajada de Brasil donde se encuentra el presidente Zelaya desde su vuelta al país "plenamente coherente con el Derecho y las prácticas vigentes en América Latina".
El GRULAC, además, "condena de manera rotunda los actos de intimidación contra la embajada de Brasil en Tegucigalpa; exige que se ponga fin a las amenazas contra esa misión diplomática y que se respeten todos los privilegios e inmunidades a las que tiene derecho conforme al derecho internacional".
Finalmente, el grupo de países latinoamericanos exigió "el respeto a la integridad del presiente Don Manuel Zelaya Rosales".
Garzón dejó claro que la resolución presentada fue el resultado "de un amplio proceso de consulta que ha incluido al Gobierno Constitucional y democráticamente elegido de Honduras".
