El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no accedió a la solicitud de los diputados  Fuad Chahín y Patricio Vallespín (ambos DC), respecto a demandar la nulidad de derecho público de las fusiones de las AFP Cuprum con Argentum y Provida con Acquisition.

Uno de los argumentos del CDE es que esa acción de nulidad podría originar nuevas controversias judiciales que apunten a la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto, ya que las AFP podrían sostener que actuaron según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (SP).

Otra razón es que, a juicio del CDE, aún no se determina un perjuicio fiscal -requisito necesario para emprender la demanda de nulidad de derecho público- y que el establecimiento de ese eventual menoscabo es de exclusiva competencia del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La fusión de Cuprum y Argentum generó un beneficio tributario, o goodwill, cercano a los US$ 130 millones para su controladora, Principal Financial Group. El goodwill de Provida y Acquisition, de Metlife, ascendió a unos US$ 288 millones.

"Entendemos la posición del CDE", dijo Chahín. Y agregó: "me parece que el SII no puede aceptar, como lo ha hecho, un beneficio tributario originado en actos que la Contraloría ha declarado ilegales (…) A mi juicio, el SII debiera impugnar estas operaciones. Lamentablemente, como tiene la facultad exclusiva y excluyente, muchas veces ésta se ejerce de manera arbitraria, lo que, en este caso, está impidiendo el poder defender el interés fiscal en materia de tributos".

Las operaciones han estado marcadas por la polémica. Tamara Agnic renunció a la SP a comienzos de año, luego de un crítico dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) y previo a un segundo oficio de ese organismo en idéntico tono. Por otro lado, una de las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados fue, justamente, pedir al CDE que iniciara las acciones respectivas a la nulidad.

Con todo, el Consejo también argumentó que, en el evento que particulares ejerzan acciones encaminadas a obtener la nulidad de derecho público de los actos administrativos mediante los cuales se autorizaron esas fusiones, la instancia podría ser requerida por los órganos administrativos a fin de defender la legalidad de dichos actos.

De hecho, así ocurrió. La Superintendencia de Pensiones solicitó al CDE su representación en la arista civil del caso, que se inició por una medida prejudicial interpuesta por el senador Alejandro Navarro.
Para Chahín, en todo caso, tanto el CDE como el SII tendrán que actuar si "prospera la acción penal que hemos interpuesto en contra de Tamara Agnic, por prevaricación administrativa".