"Con una institución tan arcaica que tenemos como la Conaf, estamos amarrados de manos para cualquier desarrollo futuro del sector". Tajante es el diagnóstico que hace la gerenta general de la Corporación Chilena de la Madera (Corma, gremio que agrupa a las principales empresas forestales), María Teresa Arana, sobre el funcionamiento de la entidad que ha liderado el combate contra los incendios en la zona centro sur y que es la encargada de administrar la política forestal del país.

Según Arana, "la institución ha funcionado, pero necesitamos tener una Conaf pública para hacer frente a las necesidades".

La demanda de una Conaf de derecho público y privado no es nueva. En mayo de 2016, el Consejo de Política Forestal entregó al ministro de Agricultura, Carlos Furche, el informe "Política Forestal 2015-2035", el cual planteaba la necesidad de crear una institucionalidad pública, "dotada de recursos financieros, capacidad profesional y operativa para la conducción e implementación de la política forestal".

En dicha instancia participaron 22 organizaciones públicas y privadas, entre ellos Corma, quienes plantearon la urgencia de dotar al organismo de mayores atribuciones.

"Esto se lo planteamos a la presidenta Bachelet y nos dijo que lo habían vuelto a estudiar y que lo enviarían a trámite parlamentario", dice Arana, en relación al planteamiento que hicieron a la mandataria el jueves en La Moneda, en la cita de coordinación convocada por el Ejecutivo para abordar la catástrofe.

La propuesta hizo eco en el gobierno. El mismo día el ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que el gobierno estudiaría la posibilidad de transformar la institucionalidad del organismo.

"Hay muchas cosas que con una nueva institucionalidad le permitirían a la Conaf modernizarse. Tener una mejor programa de incendios forestales, un presupuesto más amplio. Conaf tiene que proteger 33 millones de hectáreas y tiene un dólar por hectárea", dice Arana.

Durante la anterior administración también existió un intento legislativo en este ámbito. En marzo de 2011, el entonces presidente Sebastián Piñera ingresó al Senado un proyecto de ley que creaba el "Servicio Nacional Forestal", el cual sería un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo no hubo respaldo para avanzar en el Congreso, lo que Arana atribuye a un boicot. "Esperemos que con el proyecto que enviará la Presidenta no pase lo mismo", acotó.b