Un informe jurídico en el que concluye que el Ministerio Secretaría General de Gobierno deberá aclarar su política de monitoreo de redes sociales emitió este miércoles el Consejo para la Transparencia.

En respuesta a una petición del diputado PS, Marcelo Díaz, y del DC, Jorge Burgos, el consejo concluyó que el plan impulsado durante la gestión de Ena von Baer en la Segegob supone un "tratamiento de datos personales", cuya protección está garantizada en la ley, en la medida que se podría identificar directamente o permitir la identificación de una persona natural.

"Se puede concluir que los datos recopilados desde las redes sociales pueden constituir datos personales, en tanto sean datos concernientes a personas naturales, identificadas o identificables, correspondiendo en tal caso aplicar a su respecto las normas de la Ley N° 19628", establece el informe.

Advirtiendo que la manipulación de datos personales sin el consentimiento de las personas involucradas está regulado en la mencionada normativa, el texto del Consejo para la Transparencia señala que el gobierno debiera aclarar bajo que facultad ha decidido encargar el monitoreo.

"Lo gravitante en el caso consultado es si el órgano público ha actuado dentro de su competencia, por lo que el Ministerio Secretaría General de Gobierno deberá señalar de qué manera se encuadra dentro de su competencia (establecida en la Ley N° 19.032 de 1991 y el DFL N° 1 de 1992) este sistema de monitoreo y la forma concreta en que se da cumplimiento a las reglas de protección de aquellos datos", dice el texto firmado por el presidente del consejo, Raúl Urrutia.

"El tratamiento que que se haga de estos datos, por parte de los organismos públicos (entre los que se encuentra el Ministerios Secretaría General de Gobierno) sólo podrá efectuarse, prescindiendo del consentimiento del titular de los datos, en materias que sean de competencia del órganos respectivo y con sujeción a las reglas que la ley establece" añade el documento del consejo.

En vista del informe, que se base en disposiciones de la Ley de Protección Datos Personales que regulan la actuación de los órganos del Estado, Los diputados Díaz y Burgos anunciaron una presentación a la Contraloría para impugnar el sistema de monitoreo licitado por La Moneda. Además los parlamentarios pretenden citar a la Comisión de Constitución de la Cámara al actual ministro Andrés Chadwick para que entregue sus descargos.

La polémica pública generada en torno a plan de monitoreo ya había motivado una citación a la ex ministra Von Baer a la Comisión de DD.HH. de la Cámara.

En la ocasión la ex vocera explicó que el sistema, que tuvo un costo de anual de 14 millones de pesos, se basaba sólo en información pública y que sólo arrojaba tendencias y gráficos con temas o conceptos populares en la red.