El Tribunal Constitucional (TC) será el escenario de un nuevo round jurídico por la implementación de la televisión digital en Chile.
Ayer, 36 diputados de la UDI presentaron un requerimiento ante el TC para impugnar cuatro puntos del proyecto de ley sobre TV digital terrestre que fue despachado por el Congreso.
Aunque la instancia constitucional igualmente debe revisar la iniciativa, la acción gremialista está centrada en la defensa de la libertad de expresión de los medios de comunicación. Según los plazos constitucionales, el TC tiene 20 días como máximo para resolver el requerimiento desde que se ponga en tabla. Ese primer paso ocurriría posiblemente esta o la próxima semana. Por esta razón se calcula que la decisión debiera ser conocida en un mes.
El texto presentado por el gremialismo critica la exigencia que impone la nueva norma a los canales a transmitir campañas de interés público, "diseñadas" por el gobierno de turno.
"Esto atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo de los canales. La definición de campaña de interés público es muy amplia. Esto implicaría tener una intervención directa del Estado en los canales. Esto se asemeja a los modelos de Venezuela, Bolivia o Ecuador, donde hoy día se cuestiona mucho la libertad de expresión", explicó el jefe de bancada UDI, Gustavo Hasbún, uno de los firmantes del requerimiento.
En una inserción del fin de semana, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile (FMCS), que agrupa a radios, prensa y canales, emitió una declaración en la que advierte los riesgos de esta posible legislación. "La FMCS manifiesta su más profunda inquietud y rechazo a diversos elementos que contiene y son claramente contrarios a la autonomía de los medios de comunicación en una democracia real", dice el texto.
Las campañas públicas ya habían enfrentado en el pasado a los canales y a los gobiernos. En su momento fueron los videos gubernamentales para prevenir el VIH, que promovían el uso de preservativos, lo que era resistido por algunas estaciones.
Pero en el gremialismo explican que dado que el "interés público" lo definirá la Secretaría General de Gobierno, existe una infinidad de temas que podrían ser difundidos detrás de esa carátula ciudadana.
El segundo punto cuestionado por la UDI -crítica compartida por la federación de medios- es la obligación que tendrán los canales de resguardar el "pluralismo, el respeto de la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual y de identidad de género".
Según la federación de medios el proyecto "define pluralismo en términos arbitrarios y ambiguos, que admiten las más diferentes interpretaciones". Además, le entrega al Consejo Nacional de TV la facultad de garantizar el cumplimiento de esta disposición.
Los otros ítems cuestionados son la exigencia para que las empresas de televisión por cable (permisionarios) incluyan cuatro canales locales de carácter comunitario y la exclusividad que tendría TVN para optar a nuevas concesiones. A diferencia, cualquier concesionario de TV no podrá acceder a nuevas concesiones de radiodifusión televisiva.
Olga Feliú, abogada constitucionalista, sostuvo que "es una situación delicada", porque afecta la libertad de expresión. "No puede haber una calificación de ninguna autoridad que determine qué significa pluralismo... Ciertos caminos de pérdida de libertades son muy delicados, porque uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan".
La jurista, sin embargo, adelantó que si el TC no acoge el requerimiento de la UDI, "existe la posibilidad del veto presidencial".
