Pasadas las 5 de la mañana del 21 de octubre, el gobierno, junto a representantes de los pueblos originarios reconocidos por el Estado, daban por finalizado el proceso de consulta indígena, firmando un acta con los acuerdos y las posturas sobre los temas propuestos por La Moneda. Entre ellos, el reconocimiento constitucional y la representación política efectiva de los pueblos.
Dos semanas después, los protagonistas de la negociación se reunieron para iniciar una etapa de seguimiento a lo acordado, además de dar continuidad a las conversaciones sobre los puntos que fueron aprobados de forma parcial o que finalizaron en disenso.
No obstante, a diferencia de lo ocurrido en aquella madrugada de sábado, esta vez la actividad no culminó con una foto conjunta. La negativa del Ejecutivo de declarar a Chile un Estado plurinacional y el rechazo a establecer territorios indígenas ancestrales, tal como exigen los delegados, derivó en el quiebre del diálogo. Los pueblos firmaron un acta de retiro en que cuestionaron la "intransigencia" del gobierno y decidieron desconocer todo lo avanzado durante la negociación.
"Los acuerdos sobre temas culturales y preexistencia no tienen sentido si no se logran en temas relevantes como territorios ancestrales, plurinacionalidad y reconocimiento de naciones", señala la declaración firmada.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el fiscal Jaime Gajardo Falcón, miembro del equipo interministerial que negoció con los pueblos, descartó que esta decisión revierta el acuerdo y sostuvo que "no afecta en nada lo alcanzado" el 21 de octubre. Además, consideró que la declaración fue emitida por "una minoría" que no representa al conjunto de delegados, y advirtió que la decisión fue firmada por 27 de los cerca de 60 representantes asistentes a esta última reunión.
Este argumento también es utilizado por su contraparte, quienes señalan que el acuerdo oficial de la consulta indígena tampoco sería representativo, al contar con "solo 36 firmantes y en ausencia de tres de los nueve pueblos originarios".
"Lo único que podría retrotraer la consulta es alguna resolución judicial", insistió el abogado. Un instrumento que no descartaron desde los pueblos. "Nos reservamos el derecho de acudir a los tribunales de justicia para salvaguardar nuestros derechos", indicaron.
La consulta surgió desde el gobierno como respuesta a los compromisos internacionales que Chile asumió al firmar el Convenio 169 de la OIT, norma que obliga a los países adheridos a consultar cualquier cambio legislativo o administrativo que afecte a los indígenas. En tanto, las conclusiones del acuerdo, se encuentran en etapa de sistematización y serían entregadas a la
Presidenta Bachelet en los próximos días, para así ser incluidas en el proyecto de nueva Constitución que el gobierno ingresará al Congreso durante las semanas que restan de 2017.
