A través de un oficio dirigido a la Comisión de Hacienda del Senado, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, calificó de "inconstitucional" un artículo correspondiente al proyecto de ley que moderniza TVN, hoy en discusión en la Cámara Alta, y donde se limitan las atribuciones de este organismo sobre el canal estatal.
El proyecto presentado por el Ejecutivo establece una nueva composición del directorio de TVN, una señal paralela de carácter cultural y la capitalización de US$ 65 millones destinados a proyectos de inversión e implementación de la nueva señal.
Sin embargo, el cambio de norma pretendido por el Ejecutivo también apunta a limitar las facultades de la Contraloría sobre la estación pública sólo a "los recursos que la Ley de Presupuestos pudiese destinar a la señal", se lee en el oficio número 32.280.
Es decir, de aprobarse esta indicación, Televisión Nacional quedaría exenta del control que hoy mantiene la Contraloría sobre las sociedades anónimas privadas controladas por el Estado, en cuyos casos tiene la atribución de cautelar cuatro materias: los fines de la empresa, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados y obtener información necesaria para formular un balance nacional. Este último punto se vería afectado si se concreta la propuesta de La Moneda, dado que le imposibilitaría acceder a toda la contabilidad del canal.
Entre los argumentos desglosados por Bermúdez en la misiva a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia, se acusa de inconstitucional el cambio de norma, al indicar que la Contraloría tiene "la obligación constitucional de fiscalizar los fondos públicos, de manera que no es posible por la vía legal reducirse ese control exclusivamente a los recursos de la Ley de Presupuestos".
Además, se considera "impracticable" fiscalizar sólo los aportes directos del Estado, dejando al margen el resto, "ya que se produce, en los hechos, una confusión de recursos".
En este sentido, Bermúdez asegura que la norma propuesta "implica alterar el sistema de control público previsto por la Carta Fundamental".
Para el presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Montes (PS), existe un tema pendiente de interpretación respecto del artículo 16 de la Ley 10.336, la cual norma la organización y atribuciones de la Contraloría, y que -según el senador- debe ser solucionado entre ambas partes.
"El Ejecutivo quiere dejar explícito que la Contraloría puede fiscalizar los recursos que TVN recibe desde el sector público, y no otras fuentes de financiamiento", aseveró Montes. Añadió que pese a ser aprobada la indicación en la instancia "le hemos hecho ver (al gobierno) que deben resolver el problema".
Según el senador Juan Antonio Coloma (UDI), "si el gobierno tiene dudas respecto de cómo debe fiscalizar Contraloría, lo que debe hacer es proponer cambios o debatir una nueva ley" para este organismo. Ante lo cual, calificó como "impresentable" que se pretenda limitar el rol fiscalizador sobre empresas públicas, "sobre todo aquellas como TVN, que son inquietantes en materias de corrupción".
El senador , además, coincidió en la inconstitucionalidad de la propuesta, y advirtió que "al haber platas públicas de por medio, existe el deber de Contraloría de protegerlas".
Otros roces
La crítica del contralor al cambio del artículo 34 de la Ley 19.132 se suma a una serie de desencuentros que ha tenido Bermúdez con el gobierno en el último tiempo. El primer capítulo, en este sentido, se produjo por las atribuciones sobre Codelco, discusión que escaló hasta el ámbito judicial, luego de que la cuprera estatal presentara una demanda de nulidad de derecho público en contra de una auditoría en que se detectaron irregularidades en contratos de compra de bienes y servicios entre partes relacionadas a la estatal. Junto con reclamar la improcedencia del informe, desde la firma han enfatizado que el actuar de la Contraloría impide la correcta gestión de la minera.
A partir de allí, desde el Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por el ex ministro Rodrigo Valdés, se lideró una ofensiva para limitar las capacidades del ente fiscalizador en las empresas públicas, tal como ocurrió durante el trámite legislativo que busca crear el Fondo de Infraestructura S.A. En aquella oportunidad, La Moneda pretendió instaurar límites similares a los propuestos para TVN, no obstante, estos fueron desechados en el Congreso.
