Un aumento en las auditorías planificadas efectuará la Contraloría General de la República durante este año, según expresó este viernes, en su cuenta pública, el titular de la entidad, Jorge Bermúdez. "Planificamos un 19% más de auditorías, lo que puede parecer mucho, pero es hacer más con los mismos recursos", dijo la autoridad.

A la ceremonia, que se efectuó de manera inédita en Arica, asistió la Presidenta Michelle Bachelet.

En el discurso de Bermúdez, los diversos delitos de connotación pública asomaron como un desafío importante para la entidad. De ahí la reestructuración interna que describió el contralor.

"En todas las instituciones y lugares donde trabajan seres humanos hay posibilidades de mejorar, y la Contraloría no está exenta de eso. Hicimos un cambio orgánico, con un departamento que está dedicado específicamente a FF.AA., Carabineros y Seguridad; con auditores avezados, donde esperamos suplir esa falencia que en algún momento se pudo tener", indicó.

Tras su exposición, ante las consultas de la prensa, también apuntó sus dardos al sistema de pensiones de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). Esto, respecto del escándalo que estalló por la millonaria pensión que recibía la ex funcionaria de Gendarmería Myriam Olate. "Creo que hay cosas que están en el sentido común. No es posible que en un sistema de pensiones basado en el reparto, que solo en Dipreca implica medio billón de pesos al año, aportados por la Ley de Presupuestos, existan pensiones que sobrepasan los $ 4, $ 5 y $ 6 millones. Eso no existe en ninguna parte del mundo".

La Contraloría "es y debe seguir siendo una pieza fundamental de la institucionalidad, de la probidad del país", subrayó Bermúdez.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, valoró todos los anuncios y el trabajo de esta entidad: "Como gestión, queremos avanzar hacia un trabajo seguro, que siempre respetará los lineamientos legales, para lo cual tenemos que mantener un estrecho vínculo con la Contraloría".

Transporte en regiones

Bermúdez también abordó, como línea de trabajo para 2017, el "perfeccionamiento de la institucionalidad pública" y "la necesidad de precisar las normativas legales, por ejemplo en materia de transportes públicos de pasajeros en regiones".

En su discurso, de 28 minutos, la autoridad destacó los principales avances: fiscalización a 653 entidades de los sectores municipal y no municipal; 4.290 auditorías, investigaciones especiales, denuncias ciudadanas e inspecciones de obra pública; tramitación de 22.347 actos administrativos afectos a la toma de razón, y 19.575 dictámenes y oficios de abstención anónimos.

Además, puso énfasis en el rol que tiene la Contraloría, expresando que no son los responsables de llevar a juicio los casos de ilícitos: "Nosotros no somos los encargados de la persecución penal, tampoco se nos puede pedir que llevemos a la cárcel a quienes eventualmente cometen actos de corrupción".