En la Comisión Investigadora sobre el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) el contralor Ramiro Mendoza detalló los más de 25 mil millones que han sido objetados -desde 2010- por ese organismo a municipios y corporaciones educacionales. Esto por la utilización de los fondos destinados a alumnos vulnerables.
Según explicó Mendoza, en los últimos años se han registrado gastos indebidos y falencias en la rendición de los recursos que entrega el Estado para la educación de los niños más pobres, lo que incluso ha derivado en la denuncia al Ministerio Público de las municipalidades de Longaví y Curacaví y a las corporaciones educacionales de Ancud, San Bernardo, Conchalí y La Florida, por eventuales malversaciones de fondos por un total de $ 2.975 millones.
Los desórdenes en el uso y rendición de los recursos de la Ley SEP y en las deficiencias en las medidas de control fueron calificadas por el contralor como "una suerte de cultura del despelote del gasto público y eso es lo que nos preocupa". Y advirtió que "el ambiente de falta de control nos puede producir hallazgos de peor o de mayor claridad desde el punto de vista del reproche ético más adelante".
Mendoza criticó que el Mineduc "fiscaliza en la medida de lo posible, lo que hace el ministerio desde el punto de vista del control es sólo recibir información" y advirtió que "no creo que la Superintendencia de Educación esté con la musculatura, el interés y la claridad de saber hacia dónde apunta su eje de fiscalización".
Además, el contralor planteó que "una causal de notable abandono de deberes para un alcalde debiese ser haber aplicado mal los recursos de la Ley 20.248".
Al respecto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) y alcalde de Maipú, Christian Vittori, planteó que en aquellos casos donde los recursos se usan para fines no educativos correspondería un notable abandono de deberes.
Las fiscalizaciones de la Contraloría sólo han incluido a los municipios y corporaciones en su calidad de sostenedores de colegios públicos. Sin embargo, no se ha considerado a los establecimientos particulares subvencionados que también reciben fondos de la Ley SEP al tener entre sus alumnos a niños vulnerables.
Esto, según explicó Ramiro Mendoza, se debe a que el organismo de control sólo puede fiscalizar el uso de recursos públicos por parte de privados cuando se trata de leyes permanentes y de acuerdo a la interpretación vigente al estar sujeta a la Ley de Presupuesto la SEP sería una normativa que se reajusta anualmente.
Esto fue criticado por la diputada Cristina Girardi (PPD), quien considera que "por la gran cantidad de recursos que reciben los colegios particulares subvencionados la Contraloría debería fiscalizar a los sostenedores". Y dijo que enviará un oficio para que se reinterprete la normativa y se amplíe la fiscalización.
La Contraloría también ha estado revisando la utilización de los fondos del Programa de Integración Escolar (PIE) destinado a niños con problemas de aprendizaje. En una investigación de Ciper, en la que se revisaron informes de fiscalizaciones efectuadas por la Contraloría a 153 municipios, se constató que no se conoce el destino de $ 7.200 millones.
Las irregularidades detectadas en este programa fueron planteadas también por el contralor y los diputados de la comisión acordaron solicitar a la sala de la Cámara que se amplíe su rango de investigación también al PIE.
