Contralor liderará defensa judicial del organismo en controversia con Codelco

Tras la decisión de Codelco de llevar a la justicia su disputa con Contraloría sobre las facultades fiscalizadoras del organismo -luego de la auditoría a contratos con empresas relacionadas y el dictamen de la entidad que cuestionó una indemnización de $ 511 millones a un ex director- en la entidad afinan la estrategia legal para enfrentar los argumentos de la minera.

De acuerdo a fuentes cercanas, uno de los aspectos esenciales de la defensa del organismo ya está definido: será el propio contralor Bermúdez quien asumirá la dirección del caso, como litigante. No es la primera vez que el jefe del organismo asume este rol. A fines del año pasado el contralor litigó ante el Tribunal Constitucional en el caso que enfrentó a Contraloría con la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC), por la capacidad de resolución de esta sobre los fondos previsionales de sus trabajadores, que finalizó con un fallo positivo para la Contraloría.

Las mismas fuentes agregaron que la fiscal de la Contraloría, Carolina Requena, también formará parte del equipo jurídico de la entidad, el que además contará con la asesoría del comité judicial, formado por los ex ministros de la Corte Suprema, Urbano Marín (ex presidente de la Corte) y Pedro Pierry. Las mismas fuentes señalaron que no se recurriría a asesores externos, ya que el ente contralor cuenta con la asesoría de su División Jurídica, donde se desempeñan más de 50 profesionales. Esta división es liderada por el abogado y profesor en derecho administrativo, Camilo Mirosevic.

Durante su intervención ante las comisiones de Minería del Senado y la Cámara de Diputados, la semana pasada, Bermúdez cuestionó que Codelco solicitara informes en derecho en esta disputa, subrayando que estos "cuestan $ 30 millones cada uno. Con ese dinero contrato a un fiscalizador y medio". Añadió que el organismo no cuenta con recursos para asesorías externas.

De acuerdo a cercanos al caso, la definición de la estrategia judicial que adoptará la Contraloría en el caso dependerá del tipo de acción jurisdiccional, o la figura jurídica, que presente Codelco ante los tribunales.

A la fecha se ha especulado con dos posibles acciones a las que podría recurrir la minera. La primera es una solicitud de nulidad de derecho público, que implica dejar sin efecto el dictamen y las auditorías realizadas por la Contraloría. La segunda sería interponer un recurso de protección.

A pesar que no existe claridad respecto de la vía que escogerá la cuprera estatal para presentarse ante los tribunales, cercanos al proceso señalan que el equipo jurídico que liderará el contralor Bermúdez se está preparando para enfrentar estas dos acciones, u otras.

En el caso que la cuprera se decidiera por presentar un recurso de protección, las mismas fuentes ven bien preparada a la Contraloría para hacer frente a una acción judicial de este tipo. Lo anterior, debido a que este organismo debe enfrentar más de cien recursos de protección al año. En estos casos Contraloría opta por dos caminos, solicitar la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE), o que sea el propio contralor el que asume la defensa, como en este caso.