Ramiro Mendoza, quien hoy deja el cargo de contralor, expuso ante la comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado. En la sesión el abogado propuso que ciertas autoridades públicas que fiscalizan o regulan al sector privado no puedan ser contratadas por las empresas a las que fiscalizaban o regulaban en el plazo de uno a dos años. Esto, para evitar la denominada "puerta giratoria" entre sector público y privado. En subsidio, Mendoza propuso que el Estado entregue una compensación económica a esas ex autoridades.
"En muchos países la puerta giratoria se acaba con la compensación monetaria a las personas que dejan el cargo, es decir que las personas, que terminen (su mandato), tienen un año o dos años de inhabilidades (para desempeñarse en el ámbito empresarial)", afirmó el contralor.
También el jurista tuvo criticas a quienes pretenden escudarse en la autonomía de ciertas instituciones públicas para no ser objeto de fiscalizaciones. A ellos, Mendoza los apodó como "princesas". "Es un sentido metafórico para decir que en realidad, en esta ronda, donde todos quieren ser princesas, uno de los elementos de esta magia de la clase alta de la autonomía sería como arrancarse del control", dijo Mendoza, quien no individualizó a qué autoridad se refereía.