Una serie de llamados telefónicos realizaron ayer desde el Ministerio del Interior a la Contraloría.
En la víspera se había revelado que el ente contralor aún no ha tomado razón de los decretos de nombramiento de los ministros de Michelle Bachelet -a excepción del titular de Interior, Rodrigo Peñailillo-, debido a la entrega de antecedentes incompletos por parte de La Moneda.
"La toma de razón no se puede cursar parcialmente y ha habido algunos ministros que han tenido una demora en acompañar (los decretos) de las declaraciones juradas que exige el ordenamiento jurídico y en otros casos en acompañar certificados de salud que se exigen conforme al estatuto administrativo", explicó el contralor, Ramiro Mendoza, en referencia a los dos decretos que ingresó La Moneda. Uno con el nombramiento de Peñailillo -visado el 15 de abril- y otro con la nominación del resto de los ministros.
Con todo, Contraloría ha solicitado a La Moneda la entrega de la documentación faltante para proceder a su revisión.
"Esperamos que los antecedentes sean puestos a disposición nuestra, se les ha requerido, esto se ha ido centralizando a través de un ministerio (Interior) y esperamos que a propósito de esta publicación, en los próximos días podamos cursarlo", dijo el contralor.
Aunque el Ejecutivo no tiene un plazo legal para completar la entrega de los trámites requeridos, trascendió que se habrían com- prometido a realizar la tarea en un plazo de días.
Hasta ahora, el decreto de los 22 secretarios de Estado lleva más de 109 días pendiente, en comparación con los 50 días que demoró el ente fiscalizador en dar el visto bueno a los ministros del gobierno de Sebastián Piñera.
La demora en la tramitación se conoció a través de un oficio de fiscalización que envió la UDI al Ministerio de Hacienda, en cuya respuesta la cartera que lidera Alberto Arenas explicitó que el nombramiento del secretario de Estado se encontraba aún en Contraloría.
Tras ello, el jefe de la bancada de diputados gremialista, Felipe Ward, envió un oficio al ente contralor solicitando mayores antecedentes de la falta de toma de razón del gabinete de Bachelet.
Ayer, el vocero de gobierno, Alvaro Elizalde, criticó la ofensiva gremialista. "Creo que acá la oposición está en su legítimo derecho, que fiscalicen lo que quieran, pero no están preocupados de las cosas que son realmente importantes. Creo que hay cuestiones más sustantivas de las cuales estar preocupados", dijo.
El portavoz restó importancia también a la falta de un visto bueno por parte de Contraloría, argumentando que los ministros de Estado pueden desempeñar sus funciones desde el 11 de marzo sin la necesidad inmediata del decreto de nombramiento.
"Los ministros juran un determinado día y se puede demorar varios días o semanas la toma de razón por parte de la Contraloría, y para que no se paralice el Estado se entiende que pueden desempeñar sus funciones mientras se realiza este proceso de toma de razón", señaló en radio Concierto.
La legislación faculta a los miembros del gabinete a que asuman el cargo de forma inmediata "por razones impostergables de buen servicio".
En tanto, a primera hora Peñailillo había señalado no tener información respecto del retraso en el control jurídico por parte de Contraloría, asegurando que se contactarían con el órgano contralor "para ver qué pasa".
