Los contratos "pueden tener adecuaciones en la etapa de ejecución, pero en un principio deben cumplirse de buena fe", con estas palabras el contralor Ramiro Mendoza explicó ante la comisión investigadora de concesiones hospitalarias de la Cámara de Diputados, las implicancias que tendría para el Estado terminar por anticipado una concesión como lo que solicitan los trabajadores del Hospital del Salvador, quienes llevan más de 25 días en paro por este motivo.

"En el tema de la relación del Salvador-Geriátrico, lo que significa salirse de un contrato es que lo que está detrás de eso es la buena fe, los contratos deben cumplirse, pueden tener adecuaciones en la etapa de ejecución, pero en principio se debe cumplir el contrato de buena fe. Lo pactado debe cumplirse, hay que ir adecuando el contrato de buena fe, ya que las salidas tienen costos económicos", indicó Ramiro Mendoza en la oportunidad.

El contralor además agregó que si se optara por aludir a la cláusula de interés público, se debería cumplir con una serie de requisitos, los que no exime al Estado de pagar un monto para "reparar al concesionario".

La autoridad dio como ejemplo lo ocurrido con la cárcel de Antofagasta, oportunidad en la cual el Estado debió pagar 2,16 millones de UF tras salirse de la concesión y luego de una decisión de la justicia. "Salirse de una concesión cuesta mucho dinero, en esa ocasión el concesionaruio se fue a los tribunales, y en tribunales el Estado de Chile fue condenado a pagar 2,16 millones de UF como reparación a la empresa concesionaria", señaló el contralor.