Retos públicos y privados recibieron ayer las ministras Claudia Serrano (Trabajo) y Paulina Urrutia (Cultura) y la subsecretaria de Minería, Verónica Baraona, por abandonar una actividad de campaña a favor de Eduardo Frei en vehículos fiscales.
Una a una fueron reprendidas por el ministro del Interior -quien se contactó con ellas telefónicamente-, mientras que la Presidenta Michelle Bachelet enfatizó con vehemencia que "no se va a aceptar que cosas así se repitan". "Las ministras tuvieron un comportamiento inadecuado", reafirmó, a su vez, la ministra portavoz Carolina Tohá.
El episodio fue mal evaluado por La Moneda que, en la ofensiva por intensificar las apariciones de autoridades con Frei, había pedido a sus ministros especial cuidado en actuar dentro de lo que la ley permite y no incurrir en acciones que pudiesen convertirse en municiones de la derecha.
Ayer, al comentar el episodio, Ramiro Mendoza -quien se encuentra preparando un nuevo instructivo para regular la participación de funcionarios en actos políticos- dijo que "si el caso lo amerita, vamos a hacer una auditoría de oficio" y no descartó eventuales sanciones.
Como pronosticaban en Palacio, el hecho fue aprovechado por la Alianza y la candidatura de Marco Enríquez-Ominami para insistir en sus acusaciones de intervención electoral.
Diputados de RN concurrirán hoy a Teatinos 56 para solicitar sanciones. Mientras que Sebastián Piñera dijo que de llegar a La Moneda el 2010, "el espíritu y la conducta de nuestros ministros van a ser muy simples: 100% trabajo y 0% participación en actos electorales". Por su parte, Enríquez-Ominami llamó a los ministros a ser "extremadamente rigurosos".
Aunque Frei optó ayer por no comentar el caso, la vocera de su comando, Paula Narváez, dijo que si bien "este tipo de situaciones no corresponden y que hay que cuidar las formas, tampoco nos parece un gran tema a debatir".
CONTRALORIA AFINA PLAN
El nuevo episodio, que se suma a los correos con información de beneficios fiscales para uso electoral que fue destapado en la Intendencia de O'Higgins, coincide con un plan de acciones que prepara Contraloría para enfrentar el periodo electoral.
La primera acción será constituir un equipo especial de la unidad de la auditoría administrativa que se encargará de recibir y tramitar rápidamente denuncias de intervención electoral. La otra iniciativa de Mendoza será lanzar un nuevo instructivo, que apuesta recordar antiguas medidas (como el uso de vehículos fiscales
PROHIBICIONES DE LA MONEDA
Una de las medidas que el gobierno está dispuesto a incorporar en el nuevo documento es prohibir que los funcionarios participen en campañas de publicidad en medios de comunicación, para hacer llamados a votar por un determinado candidato.
"Lo que pusimos es que se abstengan los funcionarios públicos de participar en propaganda electoral, por ejemplo, que no salga el gobernador de no sé dónde a llamar a votar por alguien. Lo que no podría hacer una autoridad es llamar en una radio a votar por alguien", dijo a La Tercera el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
Ese principio figuraba menos explícito en el dictamen 18.205 emitido para las municipales 2008, que señalaba que los empleados estatales "no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones".
Sin embargo, en ese mismo instructivo, la Contraloría validaba -en forma casi contradictoria- el argumento que ha permitido a funcionarios de gobierno dar opiniones a favor de candidatos o asistir a actos fuera de sus horarios de trabajo. "Al margen del desempeño del cargo, el empleado, en su calidad de ciudadano, se encuentra plenamente habilitado para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental".
A juicio de Palacio, este último punto no cambiaría en el nuevo instructivo, lo que facultaría a un ministro, por ejemplo, para expresar sus preferencias y asistir fuera de trabajo a un acto, pero no salir en la franja televisiva. En ese sentido, la línea divisoria entre ambos principios, eventualmente contrapuestos, estaría marcado por el derecho a decir: "Yo voto por..." y la prohibición a pedir: "Vote por...".
Viera-Gallo explicó que otro elemento que La Moneda sugirió precisar en el instructivo es que "en inauguraciones o entrega de beneficios se invite a todas las autoridades".
