Contraloría apunta al Serviu de Aysén por incumplimientos

Un total de 120 observaciones recibió desde la Contraloría General de la República el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Aysén entre 2012 y 2016. La mayoría de ellas, según consigna un oficio al cual accedió La Tercera vía Transparencia, fue por "falta de control respecto de las obras civiles contratadas en el marco de proyectos sociales liderados por el servicio".

Esta situación obligó al organismo, encabezado desde 2015 por Pedro Durán (PPD), a incorporarse al Programa de Apoyo al Cumplimiento que realiza la institución fiscalizadora.

A través de esa instancia, Contraloría busca la mejora de los procedimientos auditados, a través del seguimiento de estos durante un año calendario. Este proceso incorpora asesorías, entrega de herramientas tecnológicas y evaluaciones de riesgos y recomendaciones.

Todo ello, con el objetivo de que las 109 instituciones de todo el país que han suscrito este tipo de convenios sean guiadas y puedan revertir su situación. De ellas, 83 son entidades del sector municipal y 26 corresponden a instituciones de la administración pública.

De todas las instituciones, sólo el Serviu de Aysén ha incumplido, lo cual derivó en el término del convenio. "Ha contravenido las estipulaciones del acuerdo", advierte el oficio.

"Teníamos muchas ganas, pero no fuimos capaces. La cantidad de trabajo que tenemos para un servicio tan pequeño nos lo hizo imposible", indicó el director regional Pedro Durán.

Del resto de participantes en este programa, 99 de ellos ya han participado en talleres de análisis de las observaciones generadas, lo cual ha derivado en 66 planes para introducir mejoras en procesos críticos como finanzas, recursos humanos, control interno, adquisiciones, abastecimiento e inspección de obras.

Entre las investigaciones que realizó la Contraloría al Serviu de Aysén, destaca un procedimiento en contra del director regional, relacionado a faltas a la probidad ante la compra de enseres y muebles para habilitar la vivienda fiscal asignada a cargo de Durán. Además, de haberla ocupado sin pagar arriendo.

Según este informe, los gastos efectuados por un total de $ 775.470 "no se ajustan al principio de legalidad, puesto que fueron realizados en contravención a la normativa que regula la inversión de los recursos públicos".

El proceso, ocurrido en 2016, obligó a la autoridad a reingresar el monto objetado, junto con otros $ 409.086 por concepto de arriendo. Pese a no considerarse como perjuicio a las arcas públicas, Contraloría realizó una serie de observaciones administrativas que apuntan a irregularidades en los procesos de compras. "Hice lo que decía el informe, pero se trata de un tema que está totalmente cerrado y sacramentado. No hice nada más que aquello que pidió la Contraloría", afirmó Durán.