Tras una fiscalización realizada en el Departamento de Control de Armas y Explosivos OS-11 de Carabineros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, la Contraloría estableció una serie de presuntas irregularidades en la institución.

El informe del 25 de octubre concluyó que esa unidad no ha implementado procedimientos de control sobre el proceso de custodia de armas entregadas en forma voluntaria por particulares, las que fueron puestas a disposición de tribunales y las decomisadas. Estas están resguardadas en las bodegas de las autoridades fiscalizadoras. Por ello, dice el documento, la repartición deberá "implementar y formalizar las instrucciones que le permitan cumplir con esa labor", comunicando el estado de avance en el plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.

Otro problema detectado fue que la base de datos de las armas inscritas está desactualizada desde 2011. Según la Contraloría, esto "resulta preocupante atendido que esa información es la única con la que cuenta la institución policial para la planificación de las fiscalizaciones que deben efectuar las autoridades fiscalizadores". Por ello, señala el organismo, se deberá implementar las medidas "para contar con información útil, íntegra y confiable para efectuar la aludida tarea".

También se estableció que la institución no ejerció el control respecto de las multas que debían ser aplicadas por otras autoridades fiscalizadoras por transgresiones a la Ley de Control de Armas.

Además, se determinó que no se hizo un "debido control sobre las sumas percibidas por las autoridades fiscalizadoras durante 2016, por los rendimientos de los derechos, y multas, así como tampoco respecto de los caudales percibidos por Carabineros desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)".

Además, se identificó pagos improcedentes efectuados por la Zona de Seguridad Privada de Carabineros por $ 110.134.823. Según el documento, el monto fue "girado a un particular que no pertenece a Carabineros y que tampoco prestó servicios a la entidad policial". A ello se suma que se halló un desembolso por de $ 18.381.116 transferido a un tercero que no figura como proveedor de esa repartición y su respaldo corresponde a un servicio ya pagado. Estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, de la cual depende la fiscalización de armas y explosivos, explicó que "sí existen instrucciones para recibir un arma de fuego, hay un libro en que se recepciona, después pasa a una bodega o a una dependencia donde queda resguardada y en custodia".

En ese sentido, detalló que "Contraloría nos está pidiendo que implementemos y formalicemos inscripciones que permitan acotar esta labor". Agregó que "en un preinforme ya hicieron su descargos, pero tuvimos 10 días para realizarlos y ahora tenemos 60 días para volver a formular esos descargos. Estamos trabajando desde antes que saliera este informe, porque sabíamos que venía esta respuesta (de parte de Contraloría) y tenemos establecida la nueva cartilla de instrucciones". Añadió que la entidad "lo que nos pide es mejorar los procesos, pero cuando hay negligencia humana, los procedimientos independiente de que existan, estos pueden fallar". Respecto de la desactualización en la base de datos de armas inscritas desde 2011, dijo que "por mandato legal la DGMN tiene la administración de la base de datos". Y precisó que en mayo de este año esta fue actualizada.

En relación a los "pagos improcedentes", dijo que en abril Carabineros denunció esta situación al fiscal Eugenio Campos, quien investiga el millonario fraude en la institución.