La investigación por el fraude en Carabineros, que lleva adelante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, sigue avanzando y dejando al descubierto más irregularidades.
La última dice relación con la Zona de Seguridad Privada de Carabineros (Zosepcar), de la que dependen el OS-10 y el OS-11. Y es que durante una auditoría, la Contraloría General de la República estableció "irregularidades en el uso de recursos públicos por un total de $ 129.601.940, lo que podría revestir caracteres de delito".
Así lo advirtió en un oficio con carácter de reservado que envió al Ministerio Público. En el texto se señala que según la información contenida en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe) de 2016, la Zosepcar emitió cheques desde dos cuentas corrientes del Banco del Estado: una denominada "Carabineros de Chile Control de Armas y Explosivos" y "Dirección de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos".
Los documentos fueron enviados a las direcciones de Logística e Intendencia de la policía uniformada, "por conceptos de reembolso de gastos y remesas de recursos por la suma total de $ 110.134.823".
Sin embargo, asegura el oficio, "requeridas al Banco del Estado copias de los cheques de estas cuentas corrientes, se comprobó que no fueron girados a nombre de las aludidas direcciones de Carabineros, ni tampoco cobrados por las mismas, sino que, en definitiva, fueron emitidos a nombre de Mario Figueroa, quien también los cobró; particular que no pertenece a la institución y tampoco prestó servicios a ésta".
Según ha establecido la fiscalía, Figueroa fue uno de los civiles que participaron junto a su pareja, María Virginia Rojas, en el fraude de Carabineros facilitando su cuenta corriente, por la que pasaron más de $ 4 mil millones.
Pero en el documento Contraloría también subrayó que hubo duplicidad del pago de arriendo de automóviles. "La Zosepcar registró en el Sigfe pagos por servicios de arriendo de vehículos al proveedor Autorentas del Pacífico por $ 18.381.116", explica el ente que dirige Jorge Bermúdez.
Y agrega: "Los pagos se efectuaron desde las cuentas corrientes de la institución, sin embargo, al revisar las nóminas se estableció que se le hizo a María Virginia Rojas, quien no figura como proveedor de la institución, ni con información que sustente el servicio prestado, constituyéndose en un pago irregular".
En ambos casos agregan que "los documentos de pago fueron firmados en forma conjunta por el entonces jefe del Departamento de Finanzas de la Zosepcar, Javier González, y por el ex encargado del Área de Gestión de Tesorería, dependiente de ese departamento, Sergio Bracamonte".
Asimismo, en el oficio se indica que el 1 de abril de 2015 "la Zosepcar emitió un cheque por $ 1.086.001 a nombre de Sergio Bracamonte, operación que fue registrada en la cuenta 'Anticipo a Proveedores', cuyos conceptos no dicen relación con la calidad del beneficiario, quien en esa época era funcionario activo de la institución y no un proveedor como lo indica la referida cuenta".
Los descargos de Whipple
Uno de los ex altos oficiales involucrados en el fraude es el general inspector Iván Whipple. En su declaración del 14 de junio como imputado, el ex director de finanzas explicó que en sus 38 años de carrera básicamente prestó servicio en unidades contables. "Mientras desempeñé este cargo nunca tomé conocimiento de alguna irregularidad, nunca se me señaló que existiera algún problema", dijo a la fiscalía. Aseguró, además, que "nunca recibí ningún peso, ni tuve conocimiento de nada, y si lo hubiese tenido lo hubiese informado. Creo que los que están detenidos me están culpando para alivianar su carga".
Respecto de por qué no fue alertado de las irregularidades, comentó que "en 2007 o 2008 el director de Inteligencia era el general Bruno Villalobos, él fue ascendido por mi general Bernales (...); lo más correcto es que cualquier situación de mis subalternos me la debiese haber informado el general Bruno Villalobos". b
