Falta de control en la extracción, demoras en el otorgamiento de derechos, y hasta pérdida de expedientes, son parte de las deficiencias que detectó la Contraloría, en la fiscalización que realizó sobre derechos de aprovechamiento de agua otorgados por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (DGA).

En prácticamente todos los casos, la DGA atribuyó los problemas a falta de personal y de presupuesto.

Contraloría inició la auditoría tras una solicitud de los parlamentarios de la bancada transversal del Agua y se concentró en la zona norte del país, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, que son las que tienen más cuencas declaradas de agotamiento y decretos de escasez hídrica.

Las deficiencias en la DGA no son desconocidas. Tras los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet del 21 de mayo, en orden a revisar el ordenamiento jurídico del agua, el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, comentó que uno de los problemas está en que "cada modificación legal le entrega más funciones a la DGA, pero no le asigna más personal ni presupuesto".

LA AUDITORÍA 

Contraloría revisó los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados y denegados por la DGA en las cuencas declaradas de agotamiento y en aquellas zonas decretadas de prohibición, restricción y escasez en las regiones de la II, III, IV y V, entre enero de 2008 y diciembre de 2012.

Al mismo tiempo, examinó si el servicio se apega a las funciones y procedimientos consignados en la normativa aplicable, además de su actuar en la fiscalización y control sobre la extracción de agua en las regiones y período citados, y sus procedimientos para constituir derechos de aprovechamiento de aguas.

Entre otros puntos la Contraloría revisó 20 de las 25 resoluciones que declaran agotamiento de una cuenca; 14 de 16 resoluciones de restricción; 56 de 1.161 derechos de aprovechamiento de aguas; 33 de 89 derechos provisionales otorgados; 28 de 67 resoluciones que autorizan extracciones de aguas en zonas de escasez; 47 de 16.394 derechos de aprovechamiento de agua.

Los reparos son múltiples, de mayor y menor gravedad. Van desde deficiencias en el control sobre la extracción de agua hasta la falta de seguimiento de infracciones detectadas en las fiscalizaciones realizadas por la DGA. También hay demoras en la tramitación de expedientes, pérdida de documentos y hasta deficiencias en la información recogida.

Por ejemplo, Contraloría detectó que en 41 casos de derechos de aprovechamiento de agua otorgados, la DGA no podía controlar que la extracción se limitara al caudal autorizado porque los titulares de los derechos no instalaron los medidores de caudal exigidos en la misma concesión o estos no funcionaban. En otros cuatro casos, de derechos temporales, la DGA de Coquimbo exigió que se le enviara información periódica de extracción de agua, lo que los beneficiarios no cumplieron, sin que la DGA haya reaccionado ante ese incumplimiento. En su respuesta a Contraloría, la DGA explicó que no tiene personal ni presupuesto suficiente para fiscalizar, así que optó por concentrarse en grandes usuarios de derechos permanentes.

ESCASEZ PROLONGADA

En cuanto a los permisos de extracción de aguas en zonas de escasez, estos terminan junto con los decretos que declaran la escasez hídrica, que duran seis meses. Pero, en 11 de 23 casos fiscalizados en la Región de Valparaíso, los beneficiarios seguían sacando agua pese a que sus permisos habían expirado.

El informe consigna que en al menos siete casos la DGA investigó denuncias hechas por particulares y ordenó la adopción de medidas para regularizar las infracciones o restituir los cauces, pero no verificó el cumplimiento de esas órdenes ni aplicó multas o sanciones. En la misma línea, en un caso en Atacama y otro en Valparaíso, la DGA regional resolvió remitir antecedentes de irregularidades detectadas a fiscalías o juzgados de policía local, pero no lo hizo, lo que llevó a Contraloría a pedir que se realice un proceso disciplinario.

Contraloría detectó al menos 30 legajos pendientes de resolver relacionados con la Ley 20.017 que modificó el Código de Aguas (y estableció un procedimiento simplificado para regularizar la situación de pequeños usuarios), sin justificación para ello. La DGA explicó que luego de la promulgación de la ley ingresaron más solicitudes que lo esperado (unas 51.500 solicitudes) y que no contaba con los recursos necesarios para atenderlas. Añadió que contrató a terceros para apurar el proceso y espera terminar el grueso hacia fines de este año.

En Coquimbo, en al menos un caso la DGA otorgó derechos de aprovechamiento de agua sin haber verificado antes la disponibilidad del recurso y en otros cuatro casos otorgó derechos a pesar de que había 28 expedientes anteriores, sin respetar el orden de llegada.

En Valparaíso, la Contraloría detectó que tres expedientes de derechos de agua estaban extraviados y en Coquimbo, cinco no contaban con toda la documentación requerida.