Casi tres meses después que se encendiera la polémica por el préstamo de dependencias de la Municipalidad de Providencia para el matrimonio civil del sobrino de la alcaldesa, María Josefa Errázuriz, finalmente, con fecha 10 de abril, el saliente Contralor de la República, Ramiro Mendoza, zanjó la discusión. Esto, a solicitud de los concejales Pilar Cruz, Iván Noguera y Pedro Lizana, que junto a la diputada Marcela Sabat, acusaron falta de probidad y solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría.
Si bien su dictamen no consideró sanciones para la edil, no la eximió de responsabilidades. El documente es claro: no se debe autorizar el uso de dependencias municipales para ninguna actividad que no sea propia del municipio. Por lo tanto, no se debería haber prestado la oficina de la titular municipal y su balcón para la ceremonia de matrimonio civil, efectuada el 28 de junio de 2013.
Para la Contraloría, no es argumento válido el que esta ceremonia familiar se haya realizado fuera del horario funcionario, en dependencias que son de uso privado de la alcaldesa, y sin que se hayan gastado recursos municipales.
El documento concluye textualmente que "no ha resultado procedente que aquella autoridad comunal (alcaldesa) haya facilitado las citadas dependencias para tales efectos".
"El dictamen habla de que no hubo mala fe, pero lo importante es que ella no debió haber usado el palacio, menos si no tenía una autorización escrita del Contralor. Igual esperábamos que la Contraloría fuera más enfático para sentar un precedente y que esto no se repitiera en ninguna comuna", señala la concejal Cruz.
Frente a la consulta verbal que realizó la edil al contralor municipal sobre la pertinencia de celebrar la ceremonia, el dictamen de Contraloría señala que "éste (el contralor municipal) procedió a responderle en forma amplia ( a la alcaldesa), lo que pudo inducir a error a la alcaldesa".
La alcaldesa Errázuriz consideró el dictamen "como una buena noticia, porque permite cerrar un círculo y tomar las medidas para hacer las consultas por escrito en el futuro. Fue un error de mi parte y pediré disculpas a la comunidad las veces que sea necesario".
Los concejales Rodrigo García Márquez y Manuel José Monckeberg sostuvieron que "teníamos claro que esto no era causal de destitución ni nada de eso. Pero uno sabe que en mi oficina de concejal no voy a celebrar el bautizo de un nieto, no es para eso. El contralor interno debió haber sido más claro y haberle dicho a la alcaldesa que ninguna oficina municipal, incluida la suya, está destinada a fines distintos del quehacer de una sede edilicia".
