Finalmente, y luego de postergarlo en dos oportunidades, Contraloría dio a conocer hoy el informe de la investigación que llevó a cabo por el caso Kodama.
El ente contralor indagó el polémico caso que terminó con la renuncia de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y de la plana mayor del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) metropolitano.
El caso salió a la luz pública luego de que en febrero de este año Matte ordenara paralizar un acuerdo judicial -el cual había sido autorizado anteriormente por ella misma- entre el Serviu y la constructora Kodama, que implicaba el pago de 17 mil millones de pesos a la empresa, por gastos extras incurridos por la constructora en la realización de un corredor para el Transantiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
EL ACUERDO
El informe cuestiona la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento para llegar a un acuerdo, afirmando que "se materializaron conductas destinadas a obtener rápidamente una autorización del Minvu, para celebrar un contrato de transacción que permitiera pagar a la empresa Consorcio Kodama Ltda. la suma de 774.765 unidades de fomento (equivalentes al día de la transacción a $16.636.412.630)".
El documento señala además que dicha orden se realizó "sin que existiesen antecedentes técnicos y jurídicos suficientes que respaldasen tal determinación, los que fueron elaborados con posterioridad a la celebración del aludido contrato, sin aplicación de la totalidad de los parámetros previstos en el ordenamiento, y con exclusión de los procedimientos normales de control interno".
EL MONTO
Respecto al monto que debió haberse pagado a la empresa, Contraloría afirma que éste debería ser mucho más bajo que lo estipulado en el polémico acuerdo.
De acuerdo a los antecedentes entregados y a la normativa correspondiente, el informe establece que sólo estarían "justificados administrativamente" 131 millones de pesos. Esto, sin tomar en cuenta "las multas pendientes de definir en ese contrato".
Además, se estableció la existencia de "indicios serios" de que en el monto acordado incorporó el valor de una multa de 2.500 millones de pesos, que se debía cobrar a una empresa distinta -a Kodama Construcciones Ltda., y no a Consorcio Kodama Ltda.-, en el marco de otro contrato distinto al de Pedro Aguirre Cerda.
Esto último fue calificado como "del todo improcedente" por parte de la Contraloría.
EL ROL DEL MINVU
Junto con cuestionar el proceso mediante el cual se llegó al acuerdo, en otra de sus conclusiones, el informe apunta a las responsabilidades en el rol jugado por el Ministerio de Vivienda.
Según el informe, "se ha constatado que el Minvu no ejerció a cabalidad y conforme al ordenamiento el deber de control que como una expresión de supervigilancia le corresponde respecto del Serviu RM".
Asimismo, Contraloría indica que "las actuaciones de ciertos servidores y funcionarios y agentes públicos podrían constituir una transgresión a sus deberes y a las normas sobre probidad administrativa".
El documento concluye también que el Minvu "deberá, en lo sucesivo, velar por la efectiva operatividad de los sistemas de control interno, y por que las personas que detenten la calidad de agente público realicen las labores previstas en las glosas correspondientes en la ley de presupuesto".
EL ROL DE MATTE
Respecto al rol jugado por la ex ministra Matte, el ente contralor señala que "no actuó debidamente asistida por sus asesores, ni en forma coordinada con el especialista contratado al efecto, a quien le había encomendado monitorear la reclamación interpuesta por el Consorcio Kodama Ltda.".
Además, establece que la ex secretaria de Estado "tampoco recibió antecedentes suficientes por parte del Serviu RM, que fundamentaran tanto la decisión de transigir, como el monto involucrado".
"De lo anteriormente expresado, aparece que las conductas reseñadas pueden involucrar una falta de aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación, propia iniciativa en el cumplimiento de la función y control jerárquico establecidos".
En esa línea, el documento señala que "se evidencia que en esa cartera de Estado no se han implementado procedimientos formalmente establecidos, respecto de los controles que deben acaecer en este tipo de transacciones con anterioridad a que los documentos aprobatorios sean firmados por el respectivo secretario de Estado".
EL ROL DE ALVARO BAEZA
Respecto al papel llevado a cabo por Alvaro Baeza, el ex asesor de confianza de la secretaria de Estado, sindicado como uno de los mayores responsables en el acuerdo al que se llegó con la constructora, Contraloría establece que "sus actuaciones, en calidad de agente público, pueden importar un incumplimiento a su labor de asesor".
De acuerdo a lo que declararon los involucrados, Contraloría señala que Baeza "en todo momento estuvo en conocimiento de los detalles del proceso negociador", y que para llegar al acuerdo "habría instruido en orden a tener un criterio amplio o diverso".
El informe cuestiona que Baeza "no ilustró a la entonces ministra acerca de aspectos relevantes relacionados con la materia, como eran el monto calculado por el Serviu RM y el valor determinado por el Dictuc".
Además, el documento deja constancia que Baeza, según sus declaraciones, "desconoce el contenido del decreto supremo N°236, de 2002, del Minvu, cuerpo normativo esencial para la fijación del eventual perjuicio para la empresa, y que no podía ignorar en su calidad de asesor especializado de la ministra".
Finalmente, Contraloría determina que el ex asesor "no está exento de la posibilidad de que se determine la responsabilidad que le puede corresponder en los hechos analizados".
