Contraloría explica por qué estimó que cabo condenado por caso Catrileo siga en Carabineros

El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, respondió a las críticas de su decisión señalando que "hay una reacción que en realidad es un problema de temperatura social, pero no de derecho".




El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, explicó la decisión de la Contraloría de permitir que el cabo Walter Martínez siga en Carabineros a pesar de haber sido condenado a tres años y un día por la muerte del joven comunero mapuche Matías Catrileo (22), en medio de enfrentamientos en protestas en el fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía.

"Es un dictamen que yo creo que la regla esencial es la igualdad ante el derecho. La Contraloría ha venido interpretando desde 2007 que las personas que tienen el beneficio de la ley 2.816, como es el caso de este ciudadano, tienen en la medida que han sido beneficiados por una ley, se le expande a las condiciones de habilidad o inhabilidad que las sentencias establezcan", dijo Mendoza.

La autoridad especificó que "el beneficio se le entregó y se le suspendió, no se le privó de libertad precisamente para acoger los beneficios y yo no entiendo cómo se va a aplicar para unas cosas y no para otras. La crítica que se ha hecho a esta situación significaría que tendríamos estándares diferentes respecto a los tipos de delitos que puede que a nosotros nos represente algo incómodo, la principal gracia de la Contraloría es hacer una interpretación del derecho de todos los funcionarios y servidores públicos respecto a los beneficios que la ley establece".

También, Mendoza respondió a las críticas y dudas que surgieron hasta del ministro del Interior Andrés Chadwick, quien dijo que "estudiarían la medida, porque no la esperaban". "Cuando tribunales otorga los beneficios se hace respecto a la pena principal y a las accesorias. Hemos entendido que si se le suspende la aplicación de la pena principal, desde luego todas las penas que la rodean. Puede ser que por la naturaleza del hecho punible, puede ser que por las consideraciones sociales que tiene el hecho, hay una reacción que en realidad es un problema de temperatura social, pero no de derecho", remató Mendoza.

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