El oficio data del pasado 3 de abril. Lo firma Jorge Bermúdez Soto, contralor general de la República, y va dirigido al prosecretario de la Cámara de Diputados. En él, se indica que "sobre el particular, cumple con informar que este organismo contralor ha dispuesto el inicio de una fiscalización, en la cual se abordarán las materias señaladas, cuyos resultados serán oportunamente comunicados".
El documento tiene su génesis en un requerimiento presentado el pasado 1 de marzo por el diputado DC Jaime Pilowsky al ministro de Defensa, José Antonio Gómez. En dicho escrito, el parlamentario solicitaba que se informara "en relación a la compra de repuestos por parte de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), por un monto que ascendería a los US$ 4,1 millones, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta".
En aquella petición, Pilowsky también subrayó que "si la respuesta a este oficio tuviera materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación".
Ordenes de compra
En lo medular, se trata de un caso ocurrido en la mencionada unidad BAVE. El parlamentario DC aludió a una investigación periodística del sitio web "El Desconcierto", según la cual el Ejército habría detectado irregularidades en la compra de repuestos militares a la empresa C&M World Enterprises Corporation, propiedad del empresario Virgilio Cartoni.
Según aquel reportaje, los equipos se habrían adquirido sin licitación ni órdenes de compra durante 2015, producto de lo cual se habría iniciado un sumario.
Consultado por La Tercera, el Ejército aclaró que "aún no se ha efectuado pago alguno en relación al citado tema, ni detrimento de patrimonio fiscal, debido a que aún se encuentra en curso la investigación sumaria administrativa".
También se indicó que los fondos para cancelar estas adquisiciones y mantenimiento del potencial bélico de las FF.AA. corresponden a la Ley 13.196, Ley del Cobre.
El Ejército añadió que, "paralelamente, toda la información con respecto a las adquisiciones y mantenimiento del potencial bélico del año 2015 fue puesta en conocimiento del escalón superior, constando lo anterior en el informe que se presentó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, con fecha 14 de junio de 2016".
La institución castrense también reconoció que "con fecha 28 de marzo de 2017, por orden del contralor general de la República, se constituye en las instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército un equipo de dos fiscalizadores, con el objeto de auditar el proceso de adquisiciones de esta unidad, actividad que aún se encuentra en proceso".
Respecto de lo ocurrido, el parlamentario Pilowsky dijo que "adquirir US$ 4 millones a un proveedor, saltándose los procedimientos administrativos de compra, requiere determinar responsabilidades. Por ello, valoro que la Contraloría haya dispuesto una fiscalización".
Su par, Romilio Gutiérrez (UDI), señaló que "me parece bien que la Contraloría y el propio Ejército realicen todas las investigaciones correspondientes a este hecho".
