Luego de que la Contraloría denunciara el 23 de marzo pasado ante la fiscalía presuntos delitos de negociación incompatible en cinco reparticiones públicas, ayer Mahmud Aleuy, en su calidad de ministro (S) del Interior, informó que se ordenaron sumarios administrativos para investigar las posibles irregularidades. "El gobierno ha instruido los sumarios internos correspondientes a partir de la información general que tenemos hasta ahora, y esperamos que se dilucide lo antes posible para no afectar las instituciones", dijo.
La denuncia apunta a los jefes de servicios de administración de finanzas y de otras áreas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del Ministerio de Obras Públicas, del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción y de las gobernaciones de Los Lagos y del Biobío.
Según Aleuy, "a raíz de la ley que se estableció en Chile, la 20.880, es posible que la Contraloría haga este trabajo. Nos parece adecuado y por eso es que la Presidenta Michelle Bachelet ha hecho una política de transparencia y probidad durante este gobierno que permitió promulgar esta norma, porque nos parece adecuado que se investigue al conjunto de personas que cometen ilícitos, y si hay en el aparto estatal que lo hacen, eso debe ser investigado".
Una de las denunciadas es Gloria González Sáez, jefa de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos, la que, según el intendente Leonardo de la Prida, renunció a su cargo. Según fuentes de la repartición, la autoridad le solicitó que dejara su puesto tras conocerse las acusaciones en su contra. Ella continuará en el organismo en un puesto técnico, a causa de que es funcionaria de planta y sólo puede ser removida por medio de un sumario administrativo.
Según De la Prida, "tanto ella como los demás jefes de división me han señalado que no tienen ningún tipo de participación en hechos delictuales, sin embargo, si ella está sindicada. Es mejor que haga toda su defensa, por tanto, se pueda ver complicada la inversión pública".
Agregó que nadie le había advertido sobre presuntas anomalías administrativas, ya sea relacionadas con Gloria González u otro alto funcionario. "No tengo antecedentes concretos y lo único que sé es que hay una denuncia hecha por el contralor a la Fiscalía Nacional". Según Dicom, González tiene tres sociedades, una de esas de radiotaxis. También registró a su nombre una sociedad educacional, pero se retiró. Ella negó ayer las acusaciones (ver nota secundaria).
Otro de los denunciados por la Contraloría es Patricio Sáez Bustos, jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, en Concepción. De acuerdo a los registros de Dicom, Sáez sale como uno de los dos socios de la firma ING Médica Prestador de Servicios Médicos e Ingeniería Limitada. Esta sociedad de responsabilidad limitada tiene un capital de $ 15 millones. La empresa de Sáez se inscribió en Fonasa como prestador de salud modalidad libre elección, con convenio con emisión electrónica de la entidad. Este convenio fue firmado por la directora de la zona centro sur de Fonasa, Marta Werner Canales, y Sáez, quien de acuerdo al documento es representante legal de la firma. Sin embargo, en la resolución exenta 7a.3/ N° 878 del 3 de mayo de 2016, se indica que la empresa es representada por su socia. En ese documento se inscribió a un médico especialista en Pediatría e Imagenología.
Consultado sobre el proceso en su contra, Sáez señaló que "creo que es desconocimiento, porque la sociedad a la que pertenezco es un equipo médico que presta servicios en una consulta médica en el centro de Concepción y que cualquier persona va y compra un bono y se atiende particular, pero no tiene nada que ver con mi profesión ni con lo que desempeño en el hospital, que es mantenimiento de equipos médicos". Agregó que "la empresa como tal firma un convenio con Fonasa para atender pacientes por esa vía, pero yo en el hospital no tengo nada que ver en la toma de exámenes de pacientes ni nada".
En tanto, Javier Medina, jefe de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de Concepción, indicó que "efectuamos la denuncia por presunto delito de negociación incompatible. Reviste ese carácter y así se está investigando (...). El también participaba de algunos procesos de la comisión que decidía a quien adjudicarlos. Tiene una sociedad de responsabilidad limitada con otra persona y ésta habría sido una adjudicataria en una de esas licitaciones. Y en otros procesos se había iniciado, pero posteriormente se declaró desierto.".
También figura como denunciada Andrea Martínez Artigas, quien -según Gobierno Transparente- es la jefa de la Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP. Al respecto, el ministro Alberto Undurraga dijo que "nos parece positivo que se haya individualizado y que se hable de un caso específico. Y estamos a la espera de los antecedentes para saber cuáles son las acciones a seguir. Por lo pronto, el coordinador de concesiones ha instruido una investigación sumaria a partir de lo que ha aparecido en la prensa". Agregó que "mientras no haya una información oficial de la Contraloría y del Ministerio Público, seguirá ejerciendo sus funciones".
La denuncia de Contraloría también incluye al jefe del Departamento de Finanzas de la Subdere, Juan Alvear Balmelli, y a Daniela Moraga, quien según Gobierno Transparente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades en el Gore del Biobío, desde 2014.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, anunció que pedirá información al organismo contralor. "Se trata de antecedentes bastante preliminares que harían presumir la existencia de algún delito de negociación incompatible. Esto es grave desde el punto de vista del abuso del ejercicio de la función pública que se comete al participar en actos y contratos, en los que puede tener directo o indirecto interés el funcionario que toma las decisiones", dijo.
