Una reservada gestión realizó hace algunos días la Contraloría General de la República. Poco tiempo después de que el jefe de ese organismo, Ramiro Mendoza, entregara su cuenta pública el 26 de mayo, la entidad envió un requerimiento especial a La Moneda.

Fuentes del ente fiscalizador explican que se solicitó al gobierno la entrega de nuevos antecedentes sobre el proceso de elaboración del polémico video difundido en internet, con que el Ejecutivo salió a defender su proyecto de reforma tributaria ante las críticas de la Alianza y sectores empresariales.

Pese a que el gobierno ya entregó una respuesta el 23 de mayo ante un primer oficio del organismo -originado en un requerimiento de la oposición-, las mismas fuentes explicaron que la Contraloría no quedó completamente conforme con el nivel de detalle de la información proporcionada.

En su respuesta original, el Ejecutivo, por medio de la Secretaría General de Gobierno, explicó que el material había sido realizado "por funcionarios regulares del ministerio", dependientes de la Secretaría de Comunicación y Cultura (Secom) y "en el ejercicio de sus funciones habituales, contratados bajo el régimen de contrata u honorarios a suma alzada".

En este sentido, la Segegob argumentó que la realización del spot "no irroga gastos adicionales al erario público, al tratarse del desarrollo de funciones propias de la indicada cartera pública".

De esa forma, La Moneda desestimaba una de las principales críticas de la oposición, que reclama que el gobierno no puede destinar recursos públicos para financiar publicidad de proyectos de ley.

NUEVAS CONSULTAS

Desde la Contraloría se explicó que en la nueva información solicitada al gobierno se piden precisiones y datos que no aparecían en los antecedentes que entregaron el 23 de mayo.

A modo de ejemplo, se requiere el detalle de quiénes fueron los funcionarios que elaboraron el video, cuáles son sus tareas habituales y en qué horario trabajaron para producir el material audiovisual. También se consulta si corresponde a trabajadores a honorarios o a contrata.

Los nuevos antecedentes debieran llegar en los próximos días a Contraloría, para que el organismo pueda emitir un pronunciamiento formal en respuesta a los cuestionamientos de la Alianza.

Ante las críticas, a fines de mayo el titular de la Segegob, Alvaro Elizalde, dijo que el gobierno tiene "la obligación de informar a la ciudadanía de las múltiples iniciativas que estamos sacando adelante, y particularmente éstas, que son beneficiosas para la gran mayoría de los chilenos".

En la oposición, en tanto, recuerdan que durante el gobierno de Ricardo Lagos recurrieron a Contraloría luego de que el Ministerio de Salud iniciara una campaña por el Plan Auge y que esa vez se tuvieron que devolver los recursos utilizados, debido a que, aunque el Auge era una prestación del Estado, aún no era ley.