Mediante un documento de 14 páginas, el contralor Jorge Bermúdez interpuso este miércoles una contienda de competencia en el Senado con el objetivo de que la Cámara Alta resuelva si es la Corte Suprema o el órgano contralor la institución que debe decidir dónde cotizarán los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC).

Esto, luego de que los funcionarios, que hoy se mantienen en el sistema de las AFP, pidieran pasar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que es el régimen de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se trata de una demanda ingresada al 29° Juzgado Civil de Santiago en 2012, en representación de 1.331 personas, y apelada en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde los funcionarios de la DGAC tuvieron un fallo favorable.

Según el documento enviado al Senado, el 26 de agosto de este año, el Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de casación en contra de la sentencia del tribunal de alzada. Hoy, dice el escrito de la Contraloría, este recurso está en tabla ante la Cuarta Sala de la Corte Suprema para ser conocido y resuelto.

Bermúdez explicó que al enterarse de esta situación, de la cual, según dijo, nunca habrían sido notificados por el Poder Judicial, decidieron recurrir al Senado. Según expresó, "la Contraloría debe defender sus facultades, dado que se ha determinado por ley y por propia jurisprudencia que el régimen previsional correspondiente (en el caso de los funcionarios de la DGAC) es el de las AFP. No puede otro poder del Estado determinarnos, en términos generales, como se está pretendiendo". Añadió que traspasar estos funcionarios al sistema de Capredena costaría al Estado cerca de $ 300 mil millones.

Detalló que "lo que debe ocurrir ahora es que el Senado le ordene a la Corte Suprema que suspenda la tramitación de este juicio y que le solicite un informe; luego de esto, pasa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y se hace un informe. Después, se hace una presentación ante el pleno del Senado".

La medida, dijo Bermúdez, se sustenta en el artículo 6°, inciso primero de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que dispone que "corresponderá exclusivamente al contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos".

La autoridad además indicó que es la primera vez en 18 años que la Contraloría General de la República recurrirá al mecanismo de contienda de competencia ante el Senado. Anteriormente, la institución había presentado cinco contiendas de competencia ante el Congreso, siendo cuatro de ellas falladas y ganadas por el órgano contralor, y una retirada.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, José Pérez, acusó al contralor de tener una actitud "perniciosa, porque está colocando a un poder del Estado entre la espada y la pared; está arrinconando al Senado (Legislativo) para ir en contra de otro, como es la Justicia (Suprema), los tensiona, y eso es un hecho inédito, grave, porque afecta el Estado de derecho".

El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, dijo que se "procederá a aplicar los procedimientos normados para resolver esta contienda, según las atribuciones que da la Constitución".