Contraloría: registro de usuarios de plan de alimentación Junaeb incluye a 78 alumnos fallecidos

Presencia de Escherichia coli en los alimentos, bajo aporte calórico, falta de condiciones sanitarias, asignación de raciones de alimentos a alumnos fallecidos o que no forman parte de la matrícula de los colegios y multas sin cobrar que datan del 2012. Esas son solo algunas de las irregularidades que arroja la auditoría final realizada por Contraloría al Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb (PAE), enfocado en la Región Metropolitana y ejecutado entre 2015 y 2016.

En el informe final de Contraloría, al cual tuvo acceso La Tercera y que data del 21 de junio, figuran problemas en la gestión del PAE, como la "carencia de fiscalización de la alimentación proporcionada" y la poca capacitación de las manipuladoras de alimentos. De hecho, en un colegio supervisado por Contraloría se encontró Escherichia coli en manos de una trabajadora y otro caso hace referencia a la presencia de Staphylococcus aureus. La primera bacteria mencionada vive en el intestino y su ingesta puede ocasionar diarrea, cólicos y fiebre; mientras que la segunda puede causar intoxicación y vómitos.

En el documento de 270 páginas aparece también un listado de 78 alumnos fallecidos quienes "estarían recibiendo el beneficio" y de 150 personas mayores de 21 años que también figuran en las listas de alumnos prioritarios del PAE, pese a que no cumplen las condiciones.

Además, la Contraloría asegura que hay una serie de multas cobradas sin percibir o simplemente no cobradas, que datan de entre 2012 y 2015, por $ 1.500 millones, aproximadamente.

Cabe recordar que la Contraloría había realizado indagatorias al PAE de los años 2014 y 2015, las que arrojaron irregularidades. Esto incluso llevó a la Cámara a formar una comisión investigadora en la que se ordenó modernizar la estructura y los sistemas informáticos de la Junaeb.

En este nuevo informe, el organismo de control ordena un nuevo sumario a la Junaeb y, además, que inicie el cobro de los montos pendientes e implemente acciones para resolver los problemas. "La supervisión ejercida por la Junaeb al programa PAE, en la Región Metropolitana, no permite garantizar la cantidad y calidad de las raciones alimentarias que deben recibir los estudiantes", consigna el texto. Según el informe, el "48% de los planteles de la muestra examinada no fueron fiscalizados en terreno por la Junaeb".

En adición, se reitera una falla detectada por el organismo en otros informes: deficiencias en los sistemas informáticos que usa la Junaeb para tener información de cuántos alumnos reciben el beneficio y cuántas raciones se entregan, ya que no están integrados y se almacenan de forma separada.

En tanto, la auditoría subsana las observaciones en torno al trato directo ejecutado a principios de 2016, luego de que la Junaeb cancelara el contrato con la empresa Dipralsa. Sin embargo, mantiene observaciones al contrato firmado con la empresa Sercomaule, por no considerar los antecedentes de incumplimientos anteriores de esta al mantenerla como proveedora.

Darío Calderón, presidente de Nutre Chile AG -que agrupa a proveedores del PAE- señaló que "valoramos que en esta auditoría no existan observaciones a la probidad del proceso, pero asumimos que este es un problema país que debe ser afrontado". En ese sentido, para el 25 de julio han convocado a un seminario en el que esperan reunir a representantes de los municipios, de la Junaeb y expertos en programas de alimentación.

El director nacional de la Junaeb, Jaime Tohá, dijo que lo descrito por Contraloría son "situaciones muy puntuales. Son muy pocos problemas los que se reportan, pero hay que apuntar a solucionarlos".

En ese sentido, Tohá remarcó que "el programa de alimentación es tremendamente grande, con cuatro millones de raciones diarias, y con buenas estadísticas de inocuidad. No tiene caso de intoxicaciones, pese al enorme volumen que abarca". Además, enfatizó que en agosto comenzará el control biométrico en la entrega de las raciones, dando cumplimiento a lo ordenado por la Junaeb y la comisión investigadora.

Respecto de la supervisión, la autoridad señaló que "hay una fiscalización directa de parte de los supervisores y hay laboratorios externos que supervisan. Luego de eso se generan multas". Así, según Tohá durante 2016 se cursaron más de 14.000 multas y que, por eso mismo, ha habido tardanza en las cobranzas. "Obviamente esa cantidad de infracciones exigen procesos que toman un tiempo, lo cual no quiere decir que no se vayan a cobrar", subrayó Tohá.

Sin embargo, para el diputado Bernardo Berger (RN), "es alarmante la cantidad de nuevas irregularidades y de las que se repiten según este informe. Es inevitable preguntarse si esto que hoy afecta a un millón de colegios en la Región Metropolitana está sucediendo en el resto del país".

Cabe destacar que el Ministerio Público indaga actualmente las licitaciones y tratos directos de la Junaeb con los proveedoras entre 2014 y 2015, a raíz de las denuncias por $ 5.000 millones de sobreprecio y otras irregularidades.