Contraloría se abre a vía administrativa para resolver conflicto con Codelco

El establecimiento de un plan de cumplimiento por parte de Codelco, que sería supervisado por la Contraloría, asomó ayer como una posible salida administrativa al conflicto entre las partes, derivado de la auditoría realizada por el organismo a contratos de la estatal con empresas relacionadas y por el dictamen que cuestionó la indemnización pagada al ex director de la cuprera Augusto González.

Esta opción no es vista con malos ojos por el contralor Jorge Bermúdez, ya que a su juicio podría solucionar la controversia y evitar la judicialización de la disputa."Puede ser perfectamente una buena salida y estamos disponibles para discutirla y poner en ese convenio de apoyo al cumplimiento las observaciones que hemos hecho en nuestras auditorías a todos los órganos públicos, incluidas las empresas", dijo Bermúdez tras participar en un seminario sobre anticorrupción. Cabe recordar que Codelco anunció a comienzos de junio que recurriría a la justicia para resolver la controversia que mantiene con la Contraloría, reconociendo por esos días dificultades para visualizar una solución por otra vía.

Bermúdez además confirmó que los equipos jurídicos de ambas partes se reunieron esta semana para abordar la controversia. Sin embargo, pese a valorar los acercamientos, aclaró que existe una regla que no se puede transar. "Hay que tener en cuenta que aquí hay un principio que es intransable, que es el principio del control, porque el Estado de Derecho, y entonces la vida en sociedad, se funda en el control. Si no, no es posible", afirmó.

El contralor agregó que es difícil que el organismo amplíe la auditoría sobre Codelco más allá del período 2013-2015 que hoy se investiga, debido a los "medios acotados" que posee la Contraloría para realizar investigaciones. Además, sostuvo que les llamó la atención la reacción de Codelco por la investigación que lleva adelante, y dijo que eso se justifica probablemente por los "muchos años en que no estuvo allí la Contraloría. Demasiados años".

Además, y refiriéndose a los organismos públicos en general, Bermúdez dijo que cuando hay tratos directos, "siempre huele mal. Pero las cosas que huelen mal no necesariamente están malas, pero si requieren una investigación y una explicación".

Por su parte, en una actividad en la Universidad Diego Portales (UDP), el presidente de Codelco, Oscar Landerretche, defendió ayer que la minera se acoja a artículos que regulan a las sociedades anónimas. "La idea del gobierno corporativo, del 2009, es que Codelco se parezca a una sociedad anónima, pero pública. El dueño es el Estado y tiene directores independientes que siguen lo que la ley expresamente dice que en todo en lo que no esté reglado, lo que nos regula es la Ley de Sociedades Anónimas", afirmó.

Mientras, hasta la comisión de Minería del Senado llegó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, para responder consultas de los parlamentarios respecto al rol fiscalizador que posee la entidad que dirige sobre la cuprera estatal.

Hernández señaló ante la comisión que Codelco posee alrededor de 457 subprocesos, de los que se fiscalizan principalmente las auditorías. Dentro de las prioridades de fiscalización que establece Cochilco están la identificación de la matriz de riesgo de la compañía y de los subprocesos y operaciones con mayores riesgos e impacto para la empresa, representando estos apenas el 20% del total de subprocesos de la minera estatal.

"De esos subprocesos de mayor riesgo, que son el 20% de los subprocesos de Codelco, podemos con nuestra capacidad fiscalizadora fiscalizar uno cada tres años y medio. Hace tres años podíamos fiscalizar uno cada seis años y medio. Esas son las limitaciones presupuestarias que tenemos, que por lo demás no solo son nuestras, cualquier organismo fiscalizador", explicó Hernández.