El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, suscribieron un convenio de colaboración que tiene como objetivo prevenir que en el sector público sean cometidos los delitos base o precedentes de lavado de activos que desde 2003 son la corrupción, el fraude al fisco, el cohecho y  malversación de caudales públicos.

El convenio fortalece el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos al actualizar la cooperación interinstitucional en este ámbito que se efectúa en Chile, de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y ampliar las fuentes de información generadoras de inteligencia financiera preventiva del lavado de activos que realiza la UAF.

El contralor destacó que el acuerdo dará a la UAF acceso a la información sobre funcionarios públicos que está contenida en las bases de datos de la Contraloría. "Este convenio introduce nuevos instrumentos de persecución y particularmente de lucha contra el flagelo de la corrupción. Desde la perspectiva de la prevención, el rol que cumple la UAF es clave y nos interesa que pueda considerarse como un ente anti corrupción", agregó.

La directora de la UAF, Tamara Agnic, señaló que "en el sector público, el lavado de activos asociado a los delitos de corrupción, fraude al fisco, cohecho y  malversación de caudales públicos puede ocurrir cuando están dadas las condiciones para que sus funcionarios oculten o disimulen la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o bienes generados con su comisión".

Personas Expuestas Políticamente
Con propósitos preventivos, el convenio establece que "la Contraloría pone a total disposición de la UAF la información contenida en sus bases de datos, tanto para el cumplimiento de las funciones que la ley le encomienda, como para elaborar listados de personas expuestas políticamente (PEP)de nacionalidad chilena".

Con la información proporcionada por la Contraloría, la UAF definirá  durante el primer semestre de 2011 los cargos que deben ser considerados PEPs Nacionales. Así, las empresas y personas naturales de los 34 sectores económicos obligados a informar a la UAF podrán contar, por primera vez, con criterios uniformes de aplicación de sus actuales sistemas de alerta y prevención cuando establecen relaciones comerciales con quienes han desempeñado u ostentan cargos públicos de alta jerarquía.

Internacionalmente son considerados PEPs por el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Tercera Directiva de la Unión Europea y el GAFI, quienes han desempeñado o ejercen actualmente funciones destacadas o altos cargos públicos, como ocurre por ejemplo con jefes de Estado o de gobierno; políticos y funcionarios importantes de partidos políticos; funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía.