"Encontrar ese buen balance entre paz y justicia es muy difícil, paz sin impunidad, justicia sin sometimiento. Pero le voy a decir: todos los procesos de paz son imperfectos", aseguró en marzo de 2005 el entonces Presidente colombiano Alvaro Uribe, según recuerda la revista Semana.

El hombre que se convirtió en el mayor opositor al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se refería entonces al acuerdo que él mismo inició apenas dos meses después de asumir su gobierno, el que llevó a cabo con la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El ex mandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, anunció en ese momento el cese el fuego con las AUC, para luego comenzar una negociación con el objetivo de desmovilizar a este grupo armado ilegal.

Así, en junio de 2003 se instaló la mesa de negociación para someter a los paramilitares a la justicia. El grupo estaba dirigido en ese entonces por Carlos Castaño, quien luego fue supuestamente asesinado por miembros de la AUC, pero el proceso continuó bajo el liderazgo de Salvatore Mancuso, alias "Don Berna".

El gobierno de Uribe impulsó una norma conocida como Ley de Justicia y Paz que fue aprobada en 2005 en medio de una gran polémica: la oposición y parte de la comunidad internacional dijeron que le abría la puerta a la impunidad, una crítica en la misma línea respecto del proceso de paz con las Farc que intenta llevar a cabo el Presidente Santos.

Entre otras cosas, la ley contemplaba penas de hasta ocho años de cárcel para quienes confesaran todos sus delitos graves y contaran la verdad a las autoridades, a menos que hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

Muchas de las penas que recibieron los paramilitares se asimilan a las que habrían recibido los miembros de las Farc de haberse refrendado el acuerdo en el plebiscito en el que el 2 de octubre el "No" se alzó por un margen muy estrecho frente al "Sí".

Bajo el mandato del Presidente Uribe, se desmovilizaron alrededor de 32.000 paramilitares. Según la revista Semana, la ley de Justicia y Paz introdujo por primera vez la posibilidad de penas de prisión alternativas a cambio de colaboración con algunos de los perpetradores de crímenes dentro de un conflicto armado y en materia de verdad y reparación a las víctimas.

La ley también tenía como objetivo la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales.

Extradición a EE.UU.

"En todos esos procesos de paz finalmente uno ve un poquito de sometimiento en nombre de la justicia, y algo de impunidad en nombre de la paz. En esto hay que hablar con toda franqueza, aquí no hay legislación perfecta", aseguró Uribe el 10 de marzo de 2005.

En su momento el proceso de desmovilización fue incluso criticado por el ex Presidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien ahora tuvo un rol fundamental en la campaña del "No" y que afirmó que el proceso había servido para legalizar a algunos jefes del narcotráfico que se hicieron pasar por paramilitares. También 20.732 miembros de grupos guerrilleros (incluidas las Farc) y paramilitares ajenos a las AUC se desmovilizaron entre 2002 y 2010. Además, se criticó que la reparación de las víctimas no se había llevado a cabo en cientos de casos. En ese momento, parte de la prensa colombiana denunció que varios de los desmovilizados seguían delinquiendo desde la cárcel, situación por la que deberían haber perdido los beneficios que les dio el acuerdo de paz.

Pero en mayo de 2008 tuvo lugar otra decisión polémica, con la extradición a EE.UU. de 14 paramilitares, dentro de los cuales figuraban varios jefes que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz. Según el gobierno, habían incumplido con los requisitos del proceso, pero algunas asociaciones de víctimas se opusieron a la medida porque finalmente en EE.UU. fueron acusados de narcotráfico y las víctimas no podrían acceder a la verdad y reparación.