Confianza IGR, logró que el 25° Juzgado Civil de Santiago les aprobara la solicitud de reorganización judicial presentada a inicios de mes.
La resolución, que fue emitida ayer, implica un revés para Corfo, entidad que había iniciado la cobranza judicial de una línea de liquidez a la IGR por unos $ 783 millones, y que –según había informado a la empresa presidida por Marcelo Trivelli y Ernesto Tironi como vicepresidente-, no cursaría el pago de una cobertura de riesgo o "reaseguro" por las garantías afianzadas por la IGR por un monto en torno a $15 mil millones, aprobado en el marco de la normativa IGR4.
Ambas acciones, quedarían frenadas al alero del dictamen del tribunal, al establecerse un período de 30 días en que la IGR queda bajo Protección Financiera Concursal, en virtud de la cual, no podrán iniciarse contra ésta, en su calidad de deudor, un procedimiento concursal de liquidación, ni juicios ejecutivos. Asimismo, todos los contratos suscritos por la IGR "mantienen su vigencia y condiciones de pago", según detalla el documento.
El tribunal designó como veedor titular a Francisco Javier Cuadrado.
Las acciones de Corfo, anunciadas a inicios de enero, se dieron luego que la Superintendencia de Bancos rebajara la categoría de riesgo de la IGR a "B", y tras estimar insuficiente la propuesta del directorio para salvar a la firma, dedicada a la intermediación de garantías para créditos de pymes. Pero la situación de la firma se reveló cuando en octubre del año pasado, la clasificadora Humhreys bajara su nota a Confianza a categoría D, argumentando que ello "refleja que la empresa está en incumplimiento". Más adelante, la misma clasificadora indicó que "el gran problema, es que Confianza no genera ingresos para soportar los gastos de administración y, por ende, no podría hacer frente a una liquidación de contragarantías".
Corfo aprobó préstamos a los Fondos de Garantía administrados por IGR CONFIANZA, conforme los programas IGR I e IGR II, por unos 13 mil millones entre 2009 y 2012; y en 2013, bajo IGR IV o Cobertura, le aprobó una cobertura de riesgo a la IGR por los certificados de fianza emitidos por unos 15 mil millones, con la línea de liquidez que es objeto de la cobranza judicial.
