La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la libertad de dos altos funcionarios de la Municipalidad de Colina, a quienes el Ministerio Público les imputa haber incurrido en 33 delitos de fraude al fisco que generaron un perjuicio de $700 millones.

El dictamen del tribunal de alzada ratificó lo resuelto por el 2° Juzgado de Garantía de Colina que decretó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional para la directora de Finanzas del municipio, Débora Sepúlveda Rojas, y del director de Tránsito municipal, Carlos García Lecaros; además del empresario Lorenzo Villalón González.

Al término de los alegatos, el abogado asesor de la Fiscalía Centro Norte Francisco Londoño, se mostró disconforme con lo resuelto por la justicia ya que dijo que "hay una porción no menor de documentos y antecedentes a los que el Ministerio Público no ha podido tener acceso porque no han sido entregados por la Municipalidad".

Según los antecedentes de la fiscalía, los funcionarios públicos habrían pagado sobreprecios a la empresa de Villalón, la cual apoyaba en la renovación de permisos de circulación. Para el abogado del director de Tránsito, Luis Pacull, existen errores y falencias en la indagatoria del ente persecutor ya que, a su juicio, no se han establecido la participación de su defendido en los hechos, ya que los contratos entre la empresa y el municipio está vigente y es totalmente válido.