La Corte Constitucional colombiana resolvió este viernes que los límites del país no pueden ser modificados por tribunales internacionales, al examinar una demanda de inconstitucionalidad presentada por el gobierno contra el Pacto de Bogotá a raíz del litigio limítrofe con Nicaragua. 

El tribunal declaró que el artículo 31 de la Ley 37 de 1961 por el cual se aprobó la adhesión al Pacto de Bogotá se ajusta a la Constitución, siempre y cuando las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre controversias limítrofes incluyan "un tratado debidamente aprobado y ratificado, en los términos del artículo 101 de la Constitución Política" de Colombia. 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que, en consecuencia, los límites de Colombia con Nicaragua no serán modificados por el fallo de la CIJ, con sede en La Haya, de noviembre de 2012 mientras no se firme un nuevo tratado con ese país.

"El fallo de la Corte de La Haya solo se puede aplicar después de un nuevo tratado", dijo el presidente, quien reafirmó la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas firmado por los dos países en 1928 y que Nicaragua desconoce.

En noviembre de 2012, la Corte de La Haya otorgó a Nicaragua derechos económicos sobre más de 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe y confirmó la soberanía del país suramericano sobre siete cayos, dos de ellos enclavados, del archipiélago de San Andrés.

Santos presentó una demanda contra el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional el 12 de septiembre de 2013 para que el tribunal se pronunciase sobre la tesis de que el fallo de la CIJ sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.

"En la tarde de hoy la Corte Constitucional acogió, después de un estudio riguroso y serio, la tesis que hemos venido sosteniendo desde el mismo día en que salió el fallo de La Haya en noviembre de 2012 y que ratificamos en septiembre del año pasado, cuando demandé personalmente el Pacto de Bogotá", agregó Santos.

Ese mismo mes, el país centroamericano presentó dos nuevas demandas ante la Corte de La Haya, la primera que denunciaba el incumplimiento del fallo de noviembre de 2012 por parte de Colombia y una segunda con la que busca ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ya se ofreció entonces a Colombia para abrir un diálogo que condujese a la redacción de un "tratado" bilateral para implementar el fallo de la CIJ, aunque no recibió respuesta por parte de Santos.

Según Santos, el Gobierno colombiano esperará a conocer el contenido del fallo de la Corte Constitucional "para decidir los próximos pasos".