La Corte de Apelaciones de Santiago deberá definir la situación procesal de la educadora de párvulos Eugenia Riffo Tapia (39) quien está imputada de lo ocurrido al menor Borja López (3), el niño que murió luego de permanecer más de dos horas encerrado en el auto que conducía Riffo, la que olvidó sacarlo del interior del móvil.

La fiscalía solicitaba formalizar a la profesional por el delito de homicidio por omisión, sin embargo, la jueza del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, María Orozco, consideró que los hechos constituirían un cuasidelito de homicidio, por lo que negó la prisión preventiva. Frente a esto la fiscalía apeló y deberá resolver entonces la Corte de Apelaciones si Riffo queda en prisión preventiva o se adopta alguna medida cautelar menos gravosa. El plazo de la investigación es de 70 días.

Si bien algunas autoridades como el ministro de Educación, Joquín Lavín, han señalado que no creen que haya existido intencionalidad de la profesional, su accionar se considera como "una negligencia inexcusable". La educadora quedará mientras detenida en la enfermería de Gendarmería, en espera a la decisión de la Corte.

Además, los apoderados del jardín infantil recordaron que existe una especie de trato informal con algunas educadoras para transportar en autos particulares a los alumnos previo pago de $40 mil mensuales o dos mil pesos diarios.