La corte encargada de supervisar los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU aseguró que son legales y no violan la privacidad, y reveló que ninguna compañía de telecomunicaciones del país ha puesto nunca trabas a entregar al Gobierno los registros de sus clientes.

La Corte Fisa, creada por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) y encargada de supervisar la actividad de la NSA, publicó un documento con fecha de 29 de agosto y recién desclasificado que ofrece su justificación más amplia hasta ahora de uno de los programas de espionaje, el de registros telefónicos.

La jueza federal Claire V. Eagan declara en el documento que el programa de vigilancia telefónica es legal y no viola los derechos de los estadounidenses, dado que las protecciones de privacidad garantizadas por la Contitución no se aplican a los archivos empresariales, como los registros de llamadas telefónicas.

No obstante, admite que se ha generado un debate sobre el programa a raíz de las revelaciones del extécnico de la CIA Edward Snowden, que hizo pública su existencia.

"Tras estas revelaciones, la cuestión de si el Gobierno quiere continuar con el programa citado en este memorando y hasta qué punto quiere hacerlo son un asunto que deben decidir las ramas políticas", escribió Eagan en el documento.

Eagan se refería al programa de la NSA apoyado en la ley antiterrorista de 2001 por el que el Gobierno puede examinar a diario y de forma ilimitada los registros telefónicos de millones de clientes de Verizon, ATT y Sprint durante tres meses, aunque sin acceder a su contenido.

La jueza reveló, además, que ninguno de esos gigantes de las telecomunicaciones se ha resistido nunca a obedecer una orden de la corte para que entregaran los registros de sus clientes a la NSA.

"Hasta ahora, ningún poseedor de registros que recibiera una orden de entregar metadatos telefónicos en masa ha cuestionado la legalidad de ese tipo de orden", señaló Eagan.

El director de inteligencia nacional de EE.UU, James Clapper, celebró en un comunicado que el memorando hable de la recolección de registros telefónicos como algo "legal y constitucional".

En cambio, el portavoz del grupo de derechos civiles Unión Para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Jameel Jafeer, consideró que la opinión judicial "no es convincente en absoluto".

"En su conjunto, la opinión sólo confirma el disparate de confiar los derechos de privacidad a una corte que sólo escucha los argumentos del Gobierno", señaló Jafeer en un comunicado.