El aluvión del lunes en el sector de San Alfonso en el Cajón del Maipo, y los problemas en el suministro de agua potable que afectaron a dos millones de personas que son abastecidas por la empresa sanitaria, Aguas Andinas, revelan -a juicio de los expertos- la fragilidad que afecta a la principal fuente de agua de Santiago.
Ejecutivos del sector recuerdan que en mayo de 2008 se produjo un evento similar que afectó a la misma cantidad de personas producto de otro fenómeno climático en la zona y que para mejorar la seguridad se requieren inversiones, que permitan mejorar la capacidad de respaldo.
Según fuentes conocedoras de Aguas Andinas mejorar la seguridad es algo que discutió la empresa y el gobierno en 2008 y también en ocasiones anteriores. Sin embargo, la piedra de tope fue el efecto que tendría en la cuenta del agua. Agregan que en el caso de la duplicación de la capacidad de respaldo, las alzas que se aplicarían a las cuentas podrían variar entre 5% y 10%.
Esta visión es compartida por el ex superintendente de Servicios Sanitarios, Juan Eduardo Saldivia, quien explica que mejorar la seguridad del sistema de suministro de agua implica inversiones que tendrán impacto en las tarifas. "¿Cuál es el sistema de seguridad que queremos? ¿Vamos a duplicar la infraestructura sanitaria de todo Chile por un efecto que ocurre una vez cada 5 o 6 años y que dura 1 día?".
Y agregó que "el decreto tarifario vigente considera la inversión en aumentar la capacidad de reserva de agua de Aguas Andinas de manera importante en unos estanques que se están construyendo en Las Vizcachas".
La consultora Vivianne Blanlot afirma que cada vez que se hace el estudio tarifario la superintendencia determina el plan de desarrollo óptimo y esas son las inversiones que está dispuesta a incluir en la tarifa. Sería difícil traspasar a los usuarios un sobredimensionamiento de las inversiones. Las empresas no se mandan solas". Agrega que como estos eventos son muy poco frecuentes "no revisten problemas de falta de inversión inversiones, ni fiscalización".
Otro experto afirma que "la precariedad del sistema es función de los costos para el usuario y las autoridades de los distintos gobiernos en general han sido prudentes en el sentido de dar un nivel de certeza para una tarifa racional. Llegar al 100% de seguridad tiene un costo prohibitivo".
Las críticas
Tras el corte de agua, el Presidente Sebastián Piñera le solicitó personalmente al gerente de Aguas Andinas, Felipe Larraín "resolver un problema que hoy afecta a dos millones de habitantes en nuestro país".
Más tarde, el intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, señaló que la decisión de cierre adoptada por la empresa fue "técnica y preventiva". Agregó que "evidentemente estamos igual de indignados que toda la población de no recibir la información (del corte) de forma oportuna", destacando que Aguas Andinas envió la información a la prensa, pero indicó que la noche del lunes él no recibió datos de lo que estaba ocurriendo.
Loreto Silva, ministra de Obras Públicas, también criticó el mecanismo de entrega de la información."La empresa debe mejorar su información porque esta no ha sido ni oportuna ni adecuada", dijo.
El presidente de la entidad, Felipe Larraín sostuvo que el corte de agua fue "un hecho fortuito" que se produjo debido a las fuertes lluvias, y que "nosotros hemos tomado todas las medidas desde el momento inicial".
Añadió que, para informar de los cortes de agua a la población, esta fue enviada a través de comunicados de prensa y de su sitio web.
La superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa indicó que se solicitará un informe por escrito a la empresa y "estamos reuniendo los datos con nuestros fiscalizadores de tal manera de evaluar el inicio de una investigación".
La autoridad recalcó que revisarán los aspectos operacionales de la empresa "que creo que están bien", y la puesta en marcha del plan de mitigación. Ahí, se revisará "como se repartió el agua en camiones y la información que se entregó a los usuarios". Con esos datos se determinará si es que se da inicio a una investigación y "luego, se determina si hay responsabilidad".
De ser así, las multas pueden llegar hasta los $ 480 millones. La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que durante el día de ayer hubo unos mil llamados de orientación a la Dirección del Trabajo, tanto de empleadores como trabajadores, y que, tras fiscalizaciones, se debieron clausurar 38 empresas que estaban operando sin agua potable.
