El 26 de junio pasado, a través de un correo electrónico, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó a todas las notarías de su jurisdicción un paquete de "medidas de implementación inmediata".

Entre ellas se dispuso que se "cree y mantenga un registro actualizado, a disposición del Archivo Judicial de Santiago, de la firma de los titulares, interinos y suplentes, que permitan optimizar el trabajo de la Unidad Antifraude". Así lo especificó el oficio Nº 943.

La confección de esta base de datos, con las rúbricas de los ministros de fe, estará a cargo de la Oficina de Concursos de la Corte de Apelaciones, encargada de otorgar los permisos de notarios, nombramientos de suplentes e interinos y de realizar los concursos para proveer los cargos vacantes de los notarios.

De acuerdo con el documento, aquel registro de firmas busca "hacerse cargo" de "una realidad", como lo es "la frecuente falsificación de instrumentos públicos". Según el texto, actualmente no existe "un registro de firmas de notarios, centralizado y actualizado, que permita la realización de cotejos en forma segura y expedita".  Así, cada notario deberá registrar su rúbrica en la Corte de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente.

Esta decisión fue tomada por el pleno, luego de que los ministros Omar Astudillo y Adelita Ravanales concluyeran que la medida, propuesta en primera instancia  por el archivero judicial de Santiago (S), Francisco Leiva, era procedente.

A esta orden, indica el documento, se suma la instrucción al Archivo Judicial de "difundir a los usuarios del sistema (notarías, conservadores y tribunales)" las nuevas "medidas de seguridad", a fin de detectar falsificaciones. Además, se ordena establecer un mecanismo de consulta para los casos de dudas sobre la autenticidad de documentos.

El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Armando Arancibia, indicó que "valoramos que  la  Corte de Apelaciones de Santiago haya impartido instrucciones en el mismo sentido que la directiva de nuestra asociación ha venido sosteniendo ante diversas autoridades. La idea es mejorar en los procedimientos de control y fiscalización de  los  importantes documentos que nos compete autorizar y expedir, como auxiliares de la administración de justicia".

Agregó que "constituye un paso en el desafío que tenemos todos los actores y responsables de notarios y registradores, de implementar un sistema tecnológico que beneficie a los usuarios. Pero también se requiere de la  aprobación del proyecto de ley sobre modernización de este sector, que se encuentra en el Congreso".