La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, pidió este miércoles a las nuevas autoridades libias que no haya amnistías para los crímenes de guerra cometidos durante el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi.
"Animo al nuevo Gobierno libio a garantizar que no haya amnistías ni queden en la impunidad los crímenes, sin importar quién sea la víctima o el verdugo", dijo Bensouda en su primera intervención ante el Consejo de Seguridad.
La fiscal mencionó en concreto una nueva ley local que contempla la posibilidad de conceder una amnistía a los "actos que fueron necesarios para la revolución del 17 de febrero", lo que abriría la puerta a dejar impunes los crímenes de las fuerzas contra Gaddafi.
El Parlamento libio dio la semana pasada su voto de confianza al Gobierno propuesto por el primer ministro Ali Zidán, que entra en funciones mañana, poniendo fin al vacío institucional que mantenía paralizado el país desde las elecciones del pasado 7 de julio.
Bensouda también aprovechó hoy su intervención para hablar ante el máximo órgano de seguridad de Naciones Unidas del momento en el que se encuentra el caso contra el hijo del dictador libio, Saif al Islam Gadafi, detenido en aquel país.
Libia pidió el mes pasado más tiempo a la CPI para poder juzgar en su territorio a Saif el Islam, a quien el alto tribunal acusa de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país durante la represión de las revueltas insurgentes en febrero de 2011.
La CPI ha reiterado en varias ocasiones que si las autoridades libias abrieran una investigación contra el hijo de Gadafi por los mismos crímenes de los que le acusa la corte, la última palabra sobre dónde juzgarle la tendrían los jueces de esta institución.
"El régimen de Gadafi jamás habría investigado esos crímenes y una intervención de la CPI en ese momento era la única manera de establecer justicia para las víctimas", dijo hoy la fiscal general ante los quince miembros del Consejo de Seguridad.
Así, tras recordar que la responsabilidad principal de juzgar un crimen de lesa humanidad corresponde a la justicia local, dijo que la CPI debe intervenir si hay evidencias de que no se investiga y el crimen puede quedar impune.
"Si finalmente se decide que el caso debe ser llevado ante la CPI, espero entonces poder contar con el pleno apoyo y cooperación del Gobierno libio para que nuestros procedimientos puedan ser exitosos", añadió Bensouda.
Saif, el hombre llamado a suceder al fallecido coronel Muamar Gadafi al frente del régimen que su padre creó y dirigió durante cuatro décadas años, fue detenido en noviembre pasado en la región de Obari.
Durante su intervención, la fiscal general de la CPI instó de nuevo a las autoridades libias a redoblar su compromiso de trabajar con el alto tribunal así como su participación activa en el proceso judicial
"Apreciamos los esfuerzos que se están haciendo durante esta transición histórica en Libia y creo que todos coincidimos en que la justicia debe seguir siendo un elemento clave de esa transición", concluyó Bensouda.
La situación en el país es delicada tras casi tres meses sin actividad política, y unos enfrentamientos armados entre fuerzas progubernamentales y milicias armadas en la ciudad de Bani Walid que dejaron más de cincuenta muertos y cientos de heridos.
