La Corte Suprema de Justicia argentina dictó hoy una despenalización parcial del uso de estupefacientes, al declarar "inconstitucional" penar el consumo de marihuana si está limitado al ámbito privado, a mayores de edad y sin implicar riesgos para terceros.

El fallo votado por unanimidad señala que el consumo de marihuana en el ámbito de la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados".

La resolución de la Corte Suprema tiene un alcance limitado, ya que sólo comprende al consumo de marihuana y en casos de "escasa cantidad", aunque no precisó a cuánto se refiere.

Los ministros de la Corte instaron en tanto "a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo". Estas políticas deben apuntar en especial a "los menores" con el fin del "dar adecuado cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos en el país", subrayon los magistrados.

La Corte Suprema se pronunció así sobre el caso "Arriola", en el que dos vendedores de drogas fueron condenados, pero cinco consumidores, quienes portaban cada uno un máximo de tres cigarrillos de marihuana, quedaron exceptuados de penalización.

En este caso en particular "no había peligro para terceros, ni adicción demostrada, ni evidencia alguna acerca de que tuvieran intenciones de comercializarla", indica el texto.

La sentencia declara la inconstitucionalidad, por violatoria del derecho a la intimidad, de un artículo de la ley 23.737 de drogas, que castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia para consumo personal de escasa cantidad de droga.

La resolución de la Corte Suprema es respaldada por el gobierno argentino, que apunta a concentrar los recursos en el combate al narcotráfico.

Esta mañana, antes de conocerse el fallo, el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que "la política represiva que inventó la administración Nixon (en Estados Unidos) y que se la vendió a (el ex ministro de Bienestar Social José) López Rega con muchísimas ganas, y que López Rega se encargaba de castigar al usuario como si fuera un narco, está teniendo su fin por razones obvias: no ha reducido una sola hectárea de cultivos en ningún lugar del mundo y no ha reducido una sola de las redes de comercialización y tráfico de drogas en ningún lugar del mundo".

"Vamos a insistir con nuestra propia política, a través de una lucha despiadada contra el narcotráfico. Los que venden basura para envenenar a nuestros pibes (niños), tienen que ser castigados con toda la dureza que el Estado pueda", señaló el jefe de ministros.

La resolución de la Corte Suprema abriría en tanto las puertas a que el comité científico para la reforma legislativa en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes presente anteproyectos que modifiquen las leyes argentinas sobre penalización del consumo de drogas.

La coordinadora de este comité, la fiscal Mónica Cuñarro, se manifestó a favor de la despenalización. "Yo como fiscal no quiero perseguir adictos, quiero perseguir traficantes y quiero que haya campañas de prevención de parte del Estado", declaró a dpa.

El abogado constitucionalista Félix Loñ coincidió en que "hay que combatir al narcotráfico pero no al consumidor, que es una víctima". Pero alertó que "el adicto no decide libremente si consume o no", por lo cual consideró imprescindible una política de salud pública que atienda sus necesidades.