La solicitud de asistencia judicial internacional enviada por el gobierno peruano llegó a manos de la Corte Suprema el pasado 4 de enero. Desde esa fecha, el máximo tribunal chileno ha analizado en completa reserva los nuevos cargos que la justicia del vecino país busca levantar contra su ex Presidente Alberto Fujimori.
Los delitos contra el otrora Mandatario -que cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción, en el penal Barbadillo de Lima- apuntan al rol que habría tenido como presunto autor mediato de seis homicidios calificados perpetrados en 1992. Asimismo, se le acusa de haber formado parte de una asociación ilícita para delinquir y, presuntamente, haber incurrido en delitos contra la administración pública como la malversación de caudales públicos. El 22 de septiembre de 2007, Fujimori fue extraditado desde Chile a Perú, luego de que sorpresivamente arribara al país el 6 de noviembre de 2006 proveniente de Japón donde estaba refugiado.
Según explicaron desde el Poder Judicial, los nuevos antecedentes puestos en conocimiento de la Corte Suprema corresponden a una ampliación de la primera solicitud de extradición del ex Presidente y busca iniciar un nuevo proceso penal en Perú. La importancia de esta diligencia radica en que Fujimori sólo puede ser juzgado en su país por los delitos aprobados en Chile por los jueces del máximo tribunal. Entre la información enviada a Chile se detalla que Fujimori “estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente cuyo objetivo era la eliminación física de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor (Vladimiro) Montesinos y del aparato de poder organizado que formó”, dice el documento.
Del mismo modo, detalla que motivó una “política de terror y de represión clandestina mediante el cual se llevó a cabo procedimientos paralelos e ilegales a la justicia peruana para enfrentar a quienes se consideraba vinculados a las organizaciones terroristas o eran sospechosos de ser militantes del Partido Comunista del Perú, ‘Sendero Luminoso’ y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”. Producto de las actividades realizadas por agentes del Estado peruano, seis estudiantes, campesinos y profesores fueron sacados de sus casas y asesinados “con disparos en la cabeza y otros, dejando los cuerpos tirados en los cañaverales”.
Informe
Con los antecedentes, el 25 de enero el fiscal (s) de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recomendó dar curso al exhorto y remitir los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores para su envío a Perú.
Una de las peticiones que efectuó Perú fue que Fujimori “preste declaración indagatoria por videoconferencia internacional desde territorio peruano, ante el ministro instructor de la Corte Suprema de Justicia de Chile, don Ricardo Blanco Herrera. Se indica que si bien no hay una fecha de audiencia fijada para la realización de la diligencia, se solicita que las gestiones para llevarla a cabo se realicen con celeridad, en el menor tiempo posible, atendida la naturaleza del procedimiento que se trata”. Esto deberá ser analizado por la justicia chilena a fin de acoger o rechazar las nuevas pruebas contra el ex Mandatario peruano.
