La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes, en una decisión preliminar, la reanudación de las obras de la represa  Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, suspendidas porque los indígenas no fueron escuchados en el Congreso, informó el máximo tribunal en su sitio web.

La decisión preliminar del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF),  Carlos Ayres Britto, suspende el fallo del tribunal regional federal de Pará  (norte) que el 14 de agosto ordenó interrumpir la construcción de la tercer mayor hidroeléctrica del mundo, por lo que las obras podrán reanudarse de forma  inmediata.

No obstante, esta decisión puede ser revisada cuando el STF examine el caso en profundidad y lo juzgue, advirtió la Corte Suprema.

El STF, máxima instancia judicial del país, aceptó así el pedido del  abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, que representa los intereses  del Estado ante la Corte Suprema, para reanudar las obras.

Las obras de Belo Monte, a un costo estimado de 13.000 millones de dólares,  deben ser reanudadas "para que se evite la ocurrencia de daño notable e  irreparable al patrimonio público, al orden administrativo, al orden económico  y a la política energética brasileña", señaló Adams en un documento enviado al  STF el viernes pasado, reclamando que juzgue el caso.

El 14 de agosto, el tribunal regional federal de la primera región, en  Pará, ordenó por unanimidad suspender la construcción de la usina al considerar  que comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río, que será desviado  para su construcción, no fueron escuchadas en el Congreso antes de que se  iniciaran las obras en junio de 2011.

Las obras de Belo Monte están paralizadas desde el 23 de agosto, según la  fiscalía general de Brasil. 

Las comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río Xingú se oponen  a la represa por su alto impacto en actividades como la pesca, si bien la  hidroeléctrica se construye fuera de sus territorios.

Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del  país), la represa fue planificada para ser la tercera mayor hidroeléctrica del  mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera de Brasil y  Paraguay.

El proyecto prevé la inundación de 502 km2, además del desvío del río  Xingú, afluente del Amazonas. Las obras se iniciaron en junio de 2011, tras  décadas de controversias, y se espera que la primera turbina entre en operación  en 2015 y la última en 2019.

Poco antes del anuncio del STF, la fiscalía general de Brasil pidió este  lunes al máximo tribunal que mantuviera la paralización de las obras.

El fiscal general Roberto Gurgel advirtió que si la Corte "permite que la obra de Belo Monte tenga continuidad, estará en la práctica afirmando que no  hay necesidad de que el Congreso oiga a los pueblos indígenas sobre los  emprendimientos en sus tierras".

"Aún hay tiempo para que el Congreso Nacional promueva la audiencia de esas  comunidades y delibere adecuadamente. Pero en la medida en que la obra avance,  más remota estará esa posibilidad", añadió Gurgel.