La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó  el lunes la condena a una mujer obligada a pagar 222.000 dólares por haber  descargado canciones de internet de forma ilegal, en una larga batalla judicial  contra la industria discográfica.

Sin ningún comentario, la instancia jurídica más alta del país confirmó la  condena establecida en 2012 por un juez de apelaciones contra Jammie  Thomas-Rasset, que vive en Minnesota (norte).

En octubre de 2007 fue declarada culpable por distintos órganos por violar  la propiedad intelectual mediante el uso del servidor de descargas Kazaa. 

Thomas-Rasset fue condenada por primera vez a pagar 220.000 dólares, pero  un juez consideró que la multa era "totalmente desproporcionada" e  "inabarcable", por lo que el proceso judicial fue anulado.

Dos años más tarde fue condenada a pagar 1,92 millones de dólares a seis  discográficas -Capitol Records, Sony BMG Music, Arista Records, Interscope  Records, Warner Bros Records y UMG Recordings-, es decir, 80.000 dólares a cada  una por haber bajado ilegalmente 24 canciones.

En noviembre de 2010 fue condenada al pago de 1,5 millones en un tercer  juicio, pero esa cifra fue finalmente reducida a 222.000 dólares tras apelar la  sentencia.

LA RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, por sus  siglas en inglés), que representa a las discográficas del país, ha denunciado a  miles de personas por descargar y compartir música de forma ilegal, la mayoría  de las cuales ha aceptado pagar entre 3.000 y 5.000 dólares.

Thomas-Rasset es una de las dos personas que se negó a llegar a un acuerdo  y optó por ir a juicio. 

El otro caso es el de un estudiante de Boston, Joel Tenenbaum, que en 2009  fue condenado por un tribunal de Massachusetts (noreste) a pagar 675.000  dólares, sentencia que la Corte Suprema se negó a revisar en mayo de 2012.

En 2008, la RIAA dio un giro radical a su política y anunció que dejaba de  denunciar a las personas que descargaran ilegalmente música, pero avisó que los  servidores virtuales tienen ahora la responsabilidad de tomar las medidas para  evitar la piratería.