La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este miércoles que la Policía debe disponer de una orden judicial para poder registrar el teléfono celular de un sospechoso o detenido.
Los teléfonos celulares merecen la misma protección prevista en la Cuarta Enmienda de la Constitución que cualquier otro bien -los hogares, por ejemplo- ante "las revisiones y confiscaciones improcedentes", determinó el máximo tribunal de Estados Unidos tras abordar dos casos afectados por esa práctica policial.
El fallo de la Corte Suprema resulta de la unificación de dos casos en los que tribunales inferiores tuvieron fallos diferentes y en los que, según el máximo tribunal, estaban en juego las libertades garantizadas en la Constitución.
Uno fue el de la detención de David Riley, un estudiante californiano. Durante el registro de su auto en 2009, la Policía descubrió armas cargadas y después de registrar su teléfono celular encontró llamados a miembros de una banda local y otros vinculados a un tiroteo precedente.
En el otro caso la Policía de Boston registró el celular de Brima Wurie, lo que los llevó a un apartamento en el que encontraron drogas, armas y dinero. Un tribunal de Apelaciones rechazó las pruebas emanadas del teléfono de Wurie, alegando que habían sido obtenidas de forma anti-constitucional.
El máximo magistrado estadounidense, John Roberts, escribió que los principios de los Padres Fundadores siguen vigentes a pesar de la tecnología del siglo XXI.
"La oposición a tales revisiones fue de hecho una de las fuerzas motrices de la propia revolución", agregó.
Los nueve jueces, que en la audiencia debieron encontrar un equilibrio entre la necesidad de castigar a delincuentes y proteger la vida privada, fallaron por unanimidad en favor de dos estadounidenses que fueron declarados culpables de graves delitos gracias a elementos comprometedores hallados en sus teléfonos celulares confiscados.
En esta interpretación moderna de la Constitución, el fallo estimó que la intervención de teléfonos celulares "pone en juego más intereses para la vida privada individual que un breve cacheo corporal".
El fallo, apoyado por los nueve magistrados (aunque uno de ellos, Samuel Alito, manifestó ciertas reservas), puede tener consecuencias enormes en un país en el que 90% de los ciudadanos tiene teléfono celular y se producen 12 millones de detenciones al año, a menudo por motivos menores.
"Nuestra respuesta a la pregunta de qué debe hacer la Policía para registrar un teléfono celular incautado es, por consiguiente, simple: obtengan una orden judicial", escribió Roberts.
Yoursy Zakhary, de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, que sumó a otros grupos de funcionarios de seguridad a la hora de apoyar a los policías involucrados en los casos abordados por la Corte, dijo que el fallo era "decepcionante e indudablemente tendrá un impacto sobre (...) las posibilidades de investigar y combatir al crimen".
Por su lado, Steven Shapiro, de la American Civil Liberties Union, elogió la decisión como muy importante para los derechos constitucionales.
"Al reconocer que la revolución digital ha transformado nuestros anhelos de privacidad, el fallo de hoy (miércoles) es en sí misma revolucionaria y ayudará a proteger el derecho a la privacidad de todos los norteamericanos", dijo Shapiro en un comunicado.
Nuala O'Connor, del Center for Democracy & Technology, calificó el fallo de "enorme victoria del derecho a la privacidad". "El tribunal reconoce claramente el impacto que la tecnología moderna en nuestras vidas cotidianas y la importancia de la vigencia de las disposiciones de la Cuarta Enmienda en una era digital".
