Caratulada como "democratización de la justicia" por el oficialismo y como una iniciativa que pone en riesgo la independencia de este poder, según la oposición y organizaciones de magistrados y abogados, la reforma judicial impulsada por la Presidenta argentina Cristina Fernández enfrenta horas clave. Ayer, la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de la elección popular y la nueva composición del Consejo de la Magistratura (el órgano encargado de designar y remover a los jueces), el punto más controvertido de la reforma. Tras esta decisión, ahora todos los ojos están puestos en la Corte Suprema, cuyos siete integrantes deberán definir la constitucionalidad o no de la ley aprobada por el kirchnerismo en el Congreso, en una resolución que debería conocerse entre hoy y mañana, según la prensa local.
Para Gils Carbó, la nueva ley que eleva de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura y contempla su elección por votación popular en candidaturas partidistas representa "una interpretación válida de la Constitución", que da "una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno".
La semana pasada, la jueza del fuero electoral María Servini de Cubría determinó que la reforma era inconstitucional y suspendió el proceso para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, que iba a llevarse adelante en simultáneo con los comicios parlamentarios, con primarias en agosto y elecciones en octubre próximo. El gobierno apeló su decisión mediante un recurso extraordinario, para que sea la Corte Suprema la que se pronuncie sobre el fondo del tema.
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo a comienzos de junio que el máximo tribunal resolvería "inmediatamente" la disputa cuando llegue a sus manos. La decisión apremia, ya que si se declara constitucional la reforma, cada partido deberá presentar a sus candidatos al Consejo de la Magistratura antes del sábado.
Ante este inminente fallo, desde el oficialismo le reclamaron a la corte "prudencia y responsabilidad", según el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, aseguró que detrás de la propuesta oficial "hay una estrategia por una potencial reforma constitucional". Incluso, el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Horacio Rosatti, dijo que la reforma del Consejo de la Magistratura "es inconstitucional, empeora la poca independencia de los jueces y los amedrenta aún más".
Según el diario Perfil, los ministros estarían divididos entre dos posturas: una liderada por Carlos Fayt, que apuesta a una declaración rotunda y contundente de la inconstitucionalidad de la norma; o un fallo más político y mediador para evitar enfrentamientos con el gobierno, al que se apuntarían Lorenzetti y la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton.
