La Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados en favor de Guillermo Durán Mendez, Nataty Casanova Muñoz y Juan Flores Riquelme imputados por la  colocación de artefactos explosivos en distintos puntos de la capital en el denominado Caso Bombas.

En fallos unánimes los ministros de la Segunda Sala declararon ilegal la determinación del juez del 15 Juzgado de Garantía de Santiago, René Cerda, que autorizó la realización de exámenes corporales y psicológicos a los tres imputados.

El fallo determina que no hay fundamentación para acceder a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y que en algunos casos ya se llevaron a cabo.

El dictamen indica que "al haberse ordenado la práctica de diligencias intrusivas sin fundamentación alguna y que, en parte, tampoco cumplen las exigencias propias de los preceptos que las regulan, se ha incurrido en una actuación ilegal y a la vez arbitraria, porque se ha procedido sin razón aparente, obrándose fuera del marco constitucional".

Además se determina que "según se expresó en estrados y consta de algunos documentos aparejados al expediente, las diligencias ya fueron llevadas a cabo, a pesar de haberse deducido oportunamente esta acción constitucional, sin que los peritajes psicológicos y psiquiátricos -según se informó- hayan producido efecto alguno, por el ejercicio del derecho a guardar silencio de los imputados".