La Suprema Corte de México anuló hoy por deficiencias en el proceso las penas de cárcel impuestas a más de una veintena de personas por una matanza ocurrida en 1997, en la que tanto los condenados como las 45 víctimas eran indígenas.

Por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, la sala primera de la Corte decidió declarar nulas las sentencias, lo que deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras las rejas por la matanza perpetrada en Acteal, en el sureño estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.

"No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su culpabilidad", dijo el magistrado Juan Silva Meza.

La magistrada Olga Sánchez Cordero pidió que "de manera inmediata se ponga en libertad" a estos 20 condenados por delitos relacionados con la masacre, que están recluidos en la prisión federal de El Amate, ubicada en Cintalapa, a unos 65 kilómetros al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas.

Además de estas 20 personas, hay otras 32 condenadas por los mismos delitos sobre las que aun debe pronunciarse la justicia y otras nueve que volverán a ser juzgadas, dijo Javier Angulo, abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó las excarcelaciones.

Según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis Soberanes, los condenados por la matanza de Acteal "fueron injustamente acusados".

"Siempre hemos estado conscientes (en la CNDH) de que el juicio fue muy mal hecho (...) Eran indígenas que ni siquiera hablaban castellano y así fueron juzgados sin las mínimas garantías", sostuvo.

Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró en razón de los testimonios aportados en el juicio que los condenados eran culpables y sostuvo que liberarlos dejaba "en la impunidad" un "crimen de lesa humanidad".

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas vinculados con grupos paramilitares acabaron con la vida de 45 personas de la comunidad pacifista de Las Abejas, en Acteal.

Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de sospechosos fueron detenidos en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal en un proceso considerado endeble en su investigación e instrucción penal.

La matanza forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).